Diario Móvil
La investigación judicial alrededor del Acueducto Gran Tulum dio este viernes un paso procesal relevante. Once exfuncionarios y personas vinculadas a la ejecución y control de la obra fueron notificadas formalmente de la existencia de las actuaciones, una instancia que les permite conocer que están individualizadas dentro de la pesquisa y comenzar a ejercer los derechos previstos por el Código Procesal Penal.
Entre quienes recibieron la comunicación aparecen Julio Ortiz Andino, ministro de Obras y Servicios Públicos de San Juan entre 2015 y 2023; Sergio Ruiz y Cristian Andino, vinculados a la conducción de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) durante la administración anterior, y un inspector de apellido Sánchez. Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de las restantes personas alcanzadas por la medida.
El movimiento de la UFI Delitos Especiales no equivale a una imputación. Tampoco supone que la Fiscalía haya determinado responsabilidades penales. Se trata de un paso anterior a una eventual formalización de la Investigación Penal Preparatoria: al haber personas individualizadas, deben ser informadas sobre la existencia del expediente y contar con la posibilidad de ejercer su defensa.
Desde este momento, quienes fueron notificados pueden designar abogados particulares o recurrir a la defensa pública, además de solicitar al fiscal información sobre los hechos investigados y las medidas que ya fueron realizadas o permanecen pendientes. En caso de que los investigadores consideren reunidos los elementos necesarios para avanzar, será en una posterior audiencia ante un juez de Garantías donde deberán precisar los hechos atribuidos, la eventual calificación legal y el grado de participación que adjudican a cada persona.
El expediente se tramita bajo la denominación “Actuaciones por denuncia en perjuicio de la Administración Pública”y comenzó en diciembre de 2025, luego de una presentación realizada por el abogado Marcelo Arancibia a partir de publicaciones periodísticas que planteaban posibles irregularidades en el desarrollo de la megaobra. Desde entonces, los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez vienen reuniendo documentación y ordenando distintas medidas para determinar si existieron conductas con relevancia penal.
Uno de los movimientos más importantes de los últimos meses se produjo a comienzos de septiembre, cuando fueron autorizados allanamientos en dependencias de Krah, una de las firmas proveedoras de cañerías para el proyecto. En esos procedimientos se secuestraron documentos y equipos informáticos que quedaron sujetos a análisis y peritajes. Parte de la pesquisa busca determinar si los materiales utilizados reunían las características requeridas y si existieron eventuales sobreprecios, hipótesis que todavía deben ser probadas dentro del expediente.
El Acueducto Gran Tulum es una obra de infraestructura hídrica de gran escala que lleva varios años de ejecución. Documentación oficial de la Justicia provincial registra, por ejemplo, que en 2019 se aprobó por ley una ampliación del financiamiento entre San Juan y la entonces Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación para darle continuidad al proyecto. La obra contempla distintos acueductos y el Establecimiento Potabilizador Punta Negra, además de infraestructura complementaria.
Las nuevas notificaciones también modifican la situación procesal respecto de intentos anteriores de acceder al expediente. El abogado Nasser Uzair, representante de los expresidentes de OSSE Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, había solicitado intervenir en las actuaciones y proponer medidas de prueba. En aquel momento, el planteo fue rechazado debido a que sus representados todavía no habían sido formalmente incorporados como personas investigadas. Con la comunicación realizada este viernes, quienes fueron alcanzados por ella ya conocen oficialmente la existencia de las actuaciones y pueden ejercer los derechos correspondientes a esta etapa.
La denuncia que dio origen al expediente mencionó posibles figuras penales relacionadas con la administración de recursos públicos, negociaciones incompatibles, defraudación, dádivas y violación de los deberes de funcionario público, entre otras. Por ahora, esas figuras deben entenderse exclusivamente como hipótesis planteadas dentro de la investigación: no constituyen cargos formalizados contra las once personas notificadas.
La causa tiene ahora por delante semanas decisivas. De acuerdo con los plazos informados, la Fiscalía cuenta hasta principios de noviembre para resolver qué camino adopta después de completar las medidas pendientes. Puede considerar que existen elementos para solicitar la formalización de la Investigación Penal Preparatoria ante un juez de Garantías, o bien disponer otra salida procesal, como la desestimación o el archivo si la evidencia reunida no permite avanzar.
