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La situación de la adolescente de 16 años acusada de matar a su pareja en Chimbas quedó ahora en manos de la Justicia Penal de Niñez y Adolescencia. Después de que la joven se negara a declarar en la indagatoria, una de las principales preguntas pasa por saber qué ocurrirá con ella mientras avanza la investigación. La fiscal penal de Niñez y Adolescencia, Paula Carena, explicó que el procedimiento presenta diferencias sustanciales respecto del proceso contra una persona adulta y que será el juez quien determine las medidas que se adopten.
La funcionaria aclaró que el caso se encuentra atravesado por dos legislaciones que actualmente conviven en San Juan. La Ley nacional 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y regula aspectos del nuevo régimen penal juvenil, pero la provincia todavía mantiene su normativa para determinadas cuestiones procesales hasta completar la adecuación local. Por ese motivo, el juez continúa teniendo a su cargo la investigación vinculada específicamente con la adolescente.
Carena puso especial atención sobre lo que puede suceder con la menor durante los próximos meses. Según explicó, el procedimiento provincial vigente no contempla la prisión preventiva para un menor en los mismos términos que el sistema de adultos. La normativa establece períodos de hasta 60 días para determinadas medidas vinculadas con el alojamiento y abordaje del adolescente, con la posibilidad de solicitar una extensión por otros 60 días. La decisión concreta, de todos modos, corresponde al juez.
La fiscal tampoco descartó que pueda evaluarse una medida domiciliaria. Esa alternativa no es automática y requeriría previamente un análisis del entorno familiar para determinar si existen personas capaces de contener a la adolescente y garantizar el cumplimiento de las disposiciones judiciales. Entre ellas aparecen la continuidad educativa, el acompañamiento familiar y las medidas que se establezcan durante el proceso. “Es una decisión exclusivamente del juez”, remarcó Carena.
Otro interrogante es dónde puede permanecer alojada mientras se define su situación. Carena evitó revelar el lugar en el que se encuentra actualmente para preservar su integridad física y respetar la protección especial que corresponde por tratarse de una menor de edad. Sí aclaró que adolescentes sometidos a un proceso penal no pueden permanecer en comisarías comunes junto con personas adultas.
San Juan cuenta actualmente con el Centro de Admisión y Derivación (CAD), en funcionamiento desde 2023, pensado para recibir de manera provisoria a menores durante las primeras instancias posteriores a una detención. El problema aparece con los alojamientos de mayor duración: Carena explicó que el Nazario Benavídez está destinado a varones y que el Poder Ejecutivo se encuentra trabajando en la adaptación de otros espacios para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Mientras se resuelve qué medida se adopta respecto de la joven, la investigación del homicidio continuará por dos vías. La UFI Delitos Especiales realizó las primeras actuaciones vinculadas con la muerte y puede seguir trabajando sobre otras derivaciones del hecho, entre ellas un eventual encubrimiento o la posible intervención de personas mayores de edad. En paralelo, la línea vinculada con la adolescente quedó bajo la investigación del juez Toro, conforme al procedimiento penal juvenil vigente en la provincia.
La Fiscalía de Niñez, por su parte, interviene solicitando medidas probatorias y pronunciándose sobre las cuestiones propias de la competencia juvenil. Carena explicó que se pidió la indagatoria de la adolescente y se propuso una calificación legal, aunque evitó revelar detalles concretos de la imputación debido a las restricciones que existen para proteger a menores involucrados en procesos penales.
El caso ocurre además cuando San Juan se encuentra en pleno proceso de adaptación al nuevo régimen. Carena señaló que el Ejecutivo trabaja en nuevos espacios y que deberán compatibilizarse las herramientas previstas por la legislación nacional con el procedimiento provincial todavía vigente. Durante cualquier medida que se adopte, deberán garantizarse la salud, la educación, el contacto familiar y el abordaje especializado de la adolescente.
Así, la negativa de la menor a declarar no cierra ni paraliza la investigación. Ahora será el juez quien determine las medidas que regirán mientras se incorporan pruebas y avanza la causa. Su alojamiento, una eventual alternativa domiciliaria y los plazos previstos por el régimen juvenil aparecen entre las decisiones que marcarán los próximos pasos del expediente por el crimen ocurrido en Chimbas.
