Tensión en Caucete: denuncian que Rosas obstaculiza el control de las cuentas

La falta de respuestas del Ejecutivo Municipal de Caucete por documentación vinculada al manejo de los recursos públicos escaló y abrió un nuevo frente político e institucional. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad reiterar los pedidos y llevar la situación ante el Tribunal de Cuentas de San Juan, después de meses de reclamos que, según consta en la documentación presentada, no fueron contestados.

La iniciativa fue impulsada por los concejales Emanuel Castro y Pedro Gómez, integrantes de la Comisión de Hacienda y Finanzas, quienes reclamaron nuevamente al Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Finanzas, la entrega de expedientes considerados indispensables para analizar los ejercicios económicos 2025 y 2026 y, particularmente, la Cuenta General del Ejercicio 2025.

El conflicto no surge de un pedido reciente. De acuerdo con el proyecto, hay requerimientos que datan del 16 y 23 de abril y otro del 21 de mayo de este año. En total se individualizan cinco expedientes cuya documentación había sido solicitada por la Comisión.

Los concejales remarcaron un punto especialmente crítico: no se trataría de pedidos informales ni individuales. Según fundamentaron, los requerimientos fueron elaborados mediante despachos de la Comisión de Hacienda y Finanzas, incorporados a la carpeta correspondiente, tratados y aprobados por el Concejo y posteriormente comunicados al Departamento Ejecutivo a través de expedientes administrativos.

Pese a ese recorrido institucional, el proyecto sostiene que ninguno de esos expedientes había sido contestado ni remitido a la Comisión de Hacienda y Finanzas.

La demora encendió la polémica porque los ediles consideran que la documentación es necesaria para cumplir una de las funciones centrales del Concejo: controlar cómo se administran y ejecutan los recursos y gastos municipales.

El planteo utiliza términos duros para describir las consecuencias de la falta de respuestas. En el documento se sostiene que la situación “dificulta y obstaculiza el normal ejercicio de las funciones de control y contralor” que corresponden al cuerpo deliberativo.

Frente a este escenario, el Concejo resolvió exigir que la totalidad de la documentación sea remitida con carácter “urgente e inmediato”, particularmente aquella necesaria para estudiar la Cuenta General del Ejercicio 2025.

Pero la decisión política fue un paso más allá del nuevo reclamo al Ejecutivo. El cuerpo resolvió poner formalmente la situación en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia de San Juan, enviándole copia de la comunicación y sus antecedentes.

El pedido apunta a que el organismo provincial, dentro de sus competencias, “tome intervención, tenga presente la situación planteada y evalúe las medidas que estime corresponder” frente a la falta de remisión de la documentación requerida al Ejecutivo.

De esta manera, una disputa que comenzó con pedidos de información dentro del municipio terminó trasladándose al Tribunal de Cuentas. El dato político que profundiza el conflicto es que el reclamo obtuvo respaldo unánime del Concejo Deliberante, según la información aportada, por lo que el cuestionamiento por la falta de documentación dejó de quedar circunscripto únicamente a los autores de la iniciativa.