Condenan a 3 profesionales por cobrar prácticas médicas que afiliados de la OSP nunca se hicieron

Tres profesionales de la salud fueron condenados en San Juan por una maniobra que involucró la facturación de consultas y prácticas médicas que, según determinaron los investigadores, nunca fueron realizadas a afiliados de la Obra Social Provincia.

La causa fue investigada por la UFI del Norte, bajo la dirección del fiscal Gastón Mateo Salvio y la intervención de la ayudante fiscal Ana Laura López. El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por representantes de la Obra Social Provincia el 12 de agosto de 2025.

La alarma se encendió cuando uno de los afiliados, al ingresar a la aplicación Ciudadano Digital, detectó que figuraban a su nombre consultas y prácticas médicas que aseguró desconocer por completo. A partir de esa situación, comenzaron a revisarse otros expedientes administrativos y aparecieron nuevos casos con características similares.

Durante la investigación se estableció que varios damnificados desconocían las firmas incorporadas en los bonos utilizados para facturar las prestaciones. Además, se comprobó que el sistema permitía la extracción de bonos sin necesidad de contar físicamente con el carnet del afiliado, una modalidad que habría facilitado las maniobras investigadas.

Otro de los puntos centrales de la causa fue la constatación de que los bonos cuestionados no solo habían sido emitidos, sino también facturados y posteriormente abonados a los profesionales involucrados.

Con el avance de las actuaciones se sumaron nuevas denuncias, expedientes administrativos y damnificados, lo que llevó a ampliar el objeto de la investigación y la cantidad de hechos analizados por la Justicia.

Finalmente, y a partir de las pruebas reunidas, las partes arribaron a un acuerdo de juicio abreviado.

El licenciado bioquímico Pablo Daniel Olivares fue condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por 10 hechos vinculados a bonos cuestionados.

Por su parte, el médico Eduardo Octavio Leaniz recibió una pena de 2 años y 3 meses de prisión de ejecución condicional por 18 hechos, mientras que el médico Carlos Fernando Agüero fue condenado a 2 años y 5 meses de prisión de ejecución condicional por 26 hechos.

Los 3 fueron considerados coautores penalmente responsables del delito de defraudación a la Administración Pública. Además de las penas impuestas, deberán permanecer sometidos al control del Patronato durante 2 años.

Desde la investigación señalaron que, para establecer las diferentes condenas, se tuvo especialmente en cuenta la cantidad de hechos atribuidos a cada uno de los profesionales, de acuerdo con el número de bonos involucrados.

En el mismo expediente también había sido investigada la licenciada en Kinesiología Natalia Gimena Mateos. Sin embargo, la Justicia concluyó que no existían elementos suficientes para vincularla con las maniobras y resolvió su sobreseimiento por falta de participación en el delito investigado.