Empresarios admitieron sobornos y apuntan al sanjuanino Claudio Chiqui Tapia y su mano derecha

Hugo y Mariano Jinkis reconocieron ante la Justicia de Estados Unidos haber participado de un esquema de coimas para obtener contratos millonarios de transmisión de partidos. 
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Chiqui Tapia y Pablo Toviggino

El histórico escándalo de corrupción que golpeó a la FIFA volvió a ocupar el centro de la escena luego de que los empresarios argentinos Hugo Jinkis y su hijo Mariano reconocieran ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos a dirigentes del fútbol internacional para quedarse con contratos millonarios de derechos televisivos.

Ambos empresarios llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York que les permitirá evitar un juicio. Como parte del entendimiento, admitieron haber formado parte de un mecanismo destinado a defraudar a la FIFA, la Conmebol y la Concacaf y aceptaron entregar US$50 millones.

La causa contra los Jinkis se originó en la investigación iniciada por autoridades estadounidenses en 2015, que terminó exponiendo una extensa trama de corrupción dentro de los principales organismos del fútbol mundial. El expediente derivó en arrestos de dirigentes en Zúrich y posteriormente en numerosas acusaciones, condenas y confesiones.

Según la documentación judicial, padre e hijo participaron en acuerdos para realizar pagos por decenas de millones de dólares a dirigentes del fútbol con el objetivo de obtener beneficios comerciales vinculados a la transmisión televisiva de competencias internacionales.

El acuerdo alcanzado por los empresarios argentinos vuelve a poner la lupa sobre otras investigaciones relacionadas con el fútbol argentino. En particular, el antecedente es seguido de cerca por la causa que tramita en Estados Unidos y que involucra al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Ambos dirigentes son investigados en Miami a raíz de una denuncia que apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas con TourProDEnter, empresa relacionada con el empresario Javier Faroni.

En ese expediente, la Justicia estadounidense aguarda además el testimonio de Leandro Petersen, quien se desempeñó como gerente de Comercialización de la AFA. Su declaración es considerada relevante para el avance de la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.

Petersen, según trascendió, también estaría negociando un acuerdo con las autoridades estadounidenses que le permitiría evitar una eventual imputación.

El caso de los Jinkis, que permaneció durante una década bajo investigación, vuelve así a generar repercusiones en el ámbito del fútbol argentino. Su confesión y el acuerdo alcanzado con la Justicia de Estados Unidos podrían convertirse en un antecedente relevante si las pesquisas sobre Tapia y Toviggino avanzan.

Como parte del acuerdo, además de reconocer su participación en el esquema de corrupción, los empresarios argentinos aceptaron la confiscación de US$50 millones y quedaron alcanzados por un mecanismo que permitirá a la Justicia estadounidense retirar los cargos de fraude que pesaban sobre ellos.

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