Diario Móvil
La Cámara de Diputados de San Juan aprobó el acuerdo entre el Gobierno provincial y Vicuña con una contundente mayoría de 27 votos a favor y 9 en contra.
La votación permitió avanzar con el convenio que contempla un aporte extraordinario de US$250 millones destinados a obras de infraestructura, incluso antes de que el proyecto minero comience su etapa de producción.
Pero, además del resultado legislativo, la sesión dejó una lectura política clara.
Mientras diputados de distintos espacios decidieron acompañar una herramienta que permitirá destinar recursos a obras estratégicas para la provincia, los nueve votos negativos provinieron de un sector del peronismo identificado con los espacios políticos de Sergio Uñac y Cristian Andino.
La discusión terminó dejando dos posiciones bien diferenciadas: por un lado, quienes decidieron acompañar el acuerdo y, por otro, quienes volvieron a decirle no a una iniciativa que permitirá contar con recursos para infraestructura en San Juan.
El amplio respaldo conseguido por el acuerdo no se limitó al oficialismo.
La iniciativa impulsada por el Gobierno de Marcelo Orrego fue acompañada por legisladores de diferentes bloques y también por una parte del peronismo.
El interbloque oficialista (Producción y Trabajo, PRO, ACTUAR y UCR) recibió apoyo incluso dentro del justicialismo hubo seis diputados que decidieron votar a favor: Eduardo Cabello, Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Miguel Vega, Pedro Albagli y Cristina López.
También acompañaron Franco Aranda, del Frente Renovador; Leopoldo Soler, del bloque Mejor Nosotros; y Gabriel Sánchez, del bloque Chimbas Te Quiero.
El resultado mostró que, frente a un acuerdo considerado estratégico para el futuro de la infraestructura provincial, el oficialismo logró construir una mayoría amplia que superó sus propias fronteras políticas.
Del otro lado quedaron los nueve diputados justicialistas que rechazaron el acuerdo: Sonia Ferreyra, Mario Herrero, Graciela Seva, Fernanda Paredes, Juan Carlos Quiroga Moyano, Marisa López, Emilio Escudero, Stella Caparros y Marta Gramajo.
Durante el debate, desde los sectores opositores plantearon cuestionamientos vinculados con la licencia social, los controles y la protección ambiental.
Desde el oficialismo respondieron que esos aspectos no formaban parte del objeto específico del convenio que estaba siendo tratado y remarcaron que los controles ambientales y las obligaciones vinculadas con la actividad minera continúan bajo los procedimientos y organismos correspondientes.
Sin embargo, la discusión política fue más allá de los argumentos técnicos.
Para el oficialismo, la votación terminó planteando una pregunta de fondo: ¿acompañar o no una herramienta que permitirá que San Juan reciba US$250 millones para ejecutar obras antes de que Vicuña comience a producir?
La respuesta quedó reflejada en el tablero.
Con la aprobación legislativa, el Gobierno provincial podrá avanzar en la instrumentación de los recursos comprometidos por Vicuña.
El desafío ahora será transformar el acuerdo en obras concretas.
Rutas, infraestructura hídrica, saneamiento y otros proyectos estratégicos forman parte de la agenda que el Ejecutivo busca financiar con estos recursos.
La discusión legislativa ya terminó y el resultado fue contundente: 27 diputados entendieron que el acuerdo debía avanzar y nueve eligieron rechazarlo.
En términos políticos, la votación dejó una nueva fotografía del escenario provincial. Mientras el oficialismo logró sumar apoyos de distintos sectores para avanzar con una herramienta vinculada al desarrollo y la infraestructura, una parte del peronismo volvió a quedar del otro lado.
Esta vez, el tablero legislativo dejó una diferencia difícil de disimular: 27 votos apostaron a avanzar; nueve eligieron decir que no.
