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El PJ sanjuanino todavía no garantiza su acompañamiento al Acta Compromiso entre el Gobierno provincial y Vicuña por USD 250 millones. Mientras el convenio inicia su recorrido por la Cámara de Diputados, la oposición reclama conocer con mayor precisión qué obras se ejecutarán con esos recursos y hasta qué punto responderán también a las necesidades de San Juan y no exclusivamente a las de la compañía minera.
El expediente 1904-2026, enviado por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje N°34, ingresó para tomar estado parlamentario y será girado a las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, Hacienda y Presupuesto, y Minería y Energía. Allí comenzará el análisis del Acta Compromiso junto con sus anexos A, B, C y D antes de un eventual tratamiento en el recinto.
La diputada justicialista Graciela Seva evitó anticipar cuál será la postura definitiva del bloque. “Lo hemos estado analizando, pero también queremos escuchar la voz del Ejecutivo y, en función de eso, seguramente vamos a tomar una posición”, explicó.
La intención es que funcionarios provinciales puedan concurrir a brindar detalles sobre el alcance del acuerdo. Seva señaló que existía información sobre una posible reunión con ministros, aunque aclaró que todavía no tenía certeza sobre si se concretaría inmediatamente o durante la próxima semana.
El PJ pretende llegar a ese encuentro con la documentación analizada y despejar especialmente las dudas relacionadas con el destino de los USD 250 millones. Seva reconoció que ese aspecto le genera interrogantes y aclaró que, por el momento, se trata de una posición personal mientras el bloque termina de estudiar el expediente.
“Me preocupa en los términos del acuerdo, en qué utilizarlo en términos de obra pública, sin que venga muy claro el tema de la obra pública”, sostuvo la legisladora. La discusión, según planteó, no pasa únicamente por el monto del aporte sino por conocer de antemano qué infraestructura terminará financiándose.
Seva llevó ese interrogante directamente al terreno de las rutas que podrían resultar necesarias para el desarrollo minero. “¿Qué rutas vamos a pavimentar? Porque también tiene que ver con qué vamos a hacer. ¿Le vamos a hacer la ruta a la empresa?”, cuestionó.
La diputada aclaró que su planteo no supone que cada obra tenga que regresar posteriormente a la Legislatura para obtener una autorización individual. Lo que reclama es que el propio acuerdo establezca con suficiente precisión hacia dónde se dirigirán los recursos.
“Creo que en el acuerdo tiene que estar claro cuáles son las obras y, en función de eso, fijarnos que no sea solamente el interés de la empresa”, remarcó Seva.
La legisladora relacionó esas dudas con discusiones que el PJ ya había planteado anteriormente ante proyectos de financiamiento enviados a Diputados. “Las condiciones tienen que venir dadas y aclaradas”, sostuvo, al insistir en que la magnitud del entendimiento requiere conocer previamente sus alcances.
Por eso, el bloque todavía evita anticipar si votará a favor o en contra. “Nos tenemos que poner a estudiar, nos tenemos que poner a debatir, pero fundamentalmente creo que tenemos que escuchar al Poder Ejecutivo”, afirmó Seva.
Con el expediente ya dentro del circuito legislativo, las próximas reuniones de comisión y las explicaciones que pueda aportar el Gobierno serán determinantes. Seva anticipó que el PJ podría tener una posición definida durante la próxima semana, una vez analizada la documentación y despejados los interrogantes sobre cuáles serán las obras financiadas con los USD 250 millones y qué beneficios concretos dejarán para la provincia.
