Diario Móvil
El acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña empieza a convertirse en algo más que una discusión sobre minería. Con el convenio a las puertas de la Legislatura, el proyecto también abrió una discusión política dentro de la oposición y, especialmente, dentro del peronismo.
El oficialismo ya tendría los votos necesarios para aprobar el entendimiento. El Bloquismo confirmó su acompañamiento y a los legisladores de Producción y Trabajo se sumarían otros diputados que habitualmente acompañan iniciativas del Ejecutivo. Pero el dato político más interesante aparece en el bloque Justicialista: mientras algunos de sus integrantes ya adelantaron que votarán a favor, la conducción del espacio mantiene el silencio y plantea que primero debe estudiar el convenio.
La situación deja al peronismo frente a una definición incómoda. El acuerdo fue presentado por el Gobierno provincial como una herramienta para conseguir US$250 millones destinados a infraestructura, sin que la Provincia deba devolver ese aporte. Además, establece mecanismos específicos para la administración de los fondos y contempla recursos adicionales vinculados a la facturación del proyecto.
Rechazarlo de plano implicaría explicar por qué no acompañar el ingreso de esos recursos. Apoyarlo, en cambio, significa darle un respaldo político a una de las principales banderas de la gestión de Marcelo Orrego.
Y allí aparece el verdadero dilema.
Aunque la conducción del bloque Justicialista todavía no fijó una posición colectiva, algunos de sus integrantes ya decidieron avanzar.
Eduardo Cabello, Leopoldo Soler y Jorge Castañeda anticiparon que acompañarán el acuerdo. En el caso de Castañeda, además, el voto tendría un componente político adicional: durante el tratamiento de la Ley de Financiamiento para el Desarrollo de San Juan había votado en contra, por lo que su postura frente al convenio con Vicuña implicaría un cambio respecto de aquella discusión.
El dato muestra que el bloque peronista no funciona como un bloque monolítico frente al acuerdo.
Mientras algunos legisladores parecen entender que el aporte para infraestructura pesa más que las diferencias políticas con el Gobierno de Orrego, la conducción partidaria decidió por ahora no apurarse.
El presidente del PJ, Juan Carlos Quiroga Moyano, fue claro al plantear que todavía no conoce los detalles y que el bloque estudiará el convenio cuando llegue a la Cámara. Una postura similar expresó el exgobernador José Luis Gioja, quien pidió analizar el acuerdo antes de emitir una opinión definitiva y puso el foco, entre otros aspectos, en el contexto del precio internacional del cobre.
La cautela puede ser entendible desde una lógica legislativa. Pero políticamente también tiene un costo: mientras el oficialismo avanza hacia una mayoría que le permitiría aprobar el convenio, el principal bloque opositor todavía no termina de definir qué posición quiere ocupar frente a una iniciativa que puede tener impacto durante varios años.
El problema para el PJ es que el convenio no está planteado únicamente como un acuerdo entre el Gobierno de Orrego y una empresa minera.
El Ejecutivo provincial construyó su discurso alrededor de tres conceptos: inversión, infraestructura y desarrollo.
El aporte extraordinario de US$250 millones será destinado a obras y, según explicó el Gobierno, los fondos estarán vinculados a infraestructura vial, hídrica, energética y de saneamiento. La administración provincial también remarcó que se trata de un aporte fijo, no reembolsable y no compensable.
Además, la negociación no apareció de un día para otro. El Gobierno sostiene que comenzó en marzo de 2025 y que demandó más de un año y medio de conversaciones con Vicuña y sus accionistas.
Orrego, por su parte, viene intentando instalar una idea política detrás del acuerdo: que las inversiones no llegaron solas, sino que la Provincia salió a buscarlas.
"No esperamos que las inversiones llegaran, fuimos a buscarlas", planteó el gobernador al explicar la estrategia que terminó desembocando en el convenio.
Para el peronismo, cuestionar esa narrativa exige algo más que señalar diferencias con el Gobierno provincial. Necesita explicar qué objeciones concretas tiene sobre el convenio y, eventualmente, qué modificaría.
Por eso la discusión sobre los mecanismos de control, el fideicomiso, el destino de los fondos y las condiciones del acuerdo puede terminar siendo el terreno elegido por la oposición.
Más allá de los US$250 millones, la votación tendrá una lectura política inevitable.
El oficialismo de Orrego necesita convertir el acuerdo en una muestra de capacidad de gestión y de construcción de consensos. El peronismo, en cambio, tiene que decidir si quiere ejercer una oposición basada en el rechazo sistemático o si buscará diferenciarse acompañando aquello que considere beneficioso para San Juan y cuestionando aquello que considere mejorable.
Hasta ahora, los movimientos de algunos diputados parecen inclinarse por la segunda alternativa.
La dificultad está en que la conducción partidaria todavía no terminó de explicitarla.
El silencio puede servir para ganar tiempo y estudiar la letra chica del convenio. Pero cuanto más cerca esté la votación, más difícil será evitar una definición.
Porque el acuerdo con Vicuña no parece ofrecer demasiado espacio para una posición intermedia: finalmente, los diputados deberán votar.
Y cuando llegue ese momento, el peronismo tendrá que resolver una cuestión que excede al propio convenio: si quiere que su oposición a Orrego se construya desde el rechazo a sus iniciativas o desde la capacidad de acompañar aquellas políticas que considere positivas para la provincia, aun cuando el rédito político inmediato quede del lado del oficialismo.
La respuesta de cada diputado —y, sobre todo, la del bloque como conjunto— será una de las primeras señales sobre cómo piensa pararse el peronismo sanjuanino frente al oficialismo provincial en la nueva etapa política que empieza a delinearse.
