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El histórico acuerdo alcanzado entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina, que contempla un aporte extraordinario de US$250 millones para infraestructura antes del inicio de la producción, comenzó a gestarse mucho antes de que el gobernador Marcelo Orrego lo anunciara este miércoles por Cadena Provincial.
Detrás del entendimiento hubo más de un año y medio de negociaciones, reuniones con directivos de la compañía y representantes de sus accionistas —Lundin Mining y BHP— y una estrategia que combinó la promoción internacional de San Juan con la búsqueda de mecanismos para transformar parte de los beneficios de la actividad minera en obras concretas para la provincia.
El propio Orrego reconstruyó durante su mensaje algunos de los pasos que permitieron llegar al acuerdo.
Las primeras conversaciones se produjeron a comienzos de 2025, durante la participación del gobernador en la feria minera PDAC, en Toronto, Canadá. A partir de allí, las negociaciones continuaron en distintos encuentros realizados en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York.
“Durante más de un año y medio hemos desarrollado negociaciones intensas”, sostuvo Orrego al explicar el proceso que terminó con el acuerdo.
La estrategia provincial estuvo vinculada desde el comienzo con una premisa: generar las condiciones para que el desarrollo de Vicuña no solo represente una futura inversión minera de gran escala, sino que también permita anticipar recursos para resolver necesidades de infraestructura que la provincia considera estratégicas.
Aunque el acuerdo se conoció públicamente esta semana, algunos de sus lineamientos ya habían comenzado a aparecer meses atrás.
Mientras Orrego se encontraba en Vancouver participando de una nueva gira vinculada a la actividad minera, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, había adelantado que el Ejecutivo provincial trabajaba con Vicuña en un esquema que permitiera utilizar recursos vinculados al proyecto para financiar infraestructura mediante un fideicomiso minero.
En declaraciones realizadas a Café de la Política, por HUARPE TV, Achem había señalado que una de las prioridades era conseguir recursos para avanzar con la reconstrucción integral de la Ruta Nacional 40 Norte, entre Albardón y San Roque, en Jáchal.
El objetivo planteado era que la compañía pudiera adelantar recursos destinados a infraestructura, aprovechando que la obra también resulta estratégica para el desarrollo de los proyectos mineros de la zona.
La discusión tenía además un respaldo legal. Desde el Gobierno provincial habían explicado que una normativa vigente desde 2022 habilitaba mecanismos de este tipo entre el Estado y empresas privadas mediante fideicomisos específicos destinados a infraestructura.
La tarea consistía entonces en encontrar la herramienta jurídica y financiera que permitiera compatibilizar las necesidades de San Juan con el desarrollo del proyecto minero.
Ese proceso terminó tomando forma en el entendimiento presentado por Orrego.
El acuerdo contempla un aporte extraordinario y fijo de US$250 millones, no reembolsable ni compensable, destinado a financiar obras de infraestructura pública.
Además, establece la creación de un fideicomiso específico para administrar esos recursos y fija un aporte equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto, adicional al régimen de regalías vigente.
Desde el inicio de la explotación, además, el régimen de regalías pasará a calcularse sobre el 3% del valor bruto de facturación, de acuerdo con los detalles brindados por el gobernador.
La magnitud del aporte es uno de los aspectos centrales del acuerdo, pero también lo es el momento en que se producirá: los US$250 millones serán aportados antes del comienzo de la producción.
Esto permite que la provincia pueda disponer de recursos para infraestructura en una etapa previa al pleno desarrollo productivo del proyecto.
