El Senado aprobó la continuidad de Leopoldo Rago Gallo al frente del Juzgado Federal N°2 de San Juan

El Senado de la Nación aprobó este miércoles una serie de pliegos judiciales que permitirán avanzar en la cobertura de vacantes y la continuidad de magistrados en distintos puntos del país. Entre ellos se destacó el caso del juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, quien recibió el acuerdo legislativo necesario para seguir al frente del Juzgado Federal N°2 de San Juan durante los próximos cinco años.

La decisión era indispensable debido a que el magistrado alcanzará los 75 años en agosto, edad límite establecida por la Constitución Nacional para el ejercicio del cargo, salvo que exista una nueva designación impulsada por el Poder Ejecutivo y avalada posteriormente por la Cámara alta.

El procedimiento se encuentra previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución, que habilita a los jueces federales a continuar en funciones por períodos adicionales de cinco años siempre que cuenten con la propuesta presidencial y el respaldo de dos tercios del Senado.

En el caso de Rago Gallo, el pedido de continuidad había sido impulsado por el presidente Javier Milei y remitido al Congreso durante mayo. Posteriormente, el magistrado expuso ante la Comisión de Acuerdos del Senado, donde obtuvo dictamen favorable antes de llegar al recinto.

La votación había estado prevista inicialmente para fines de junio, aunque la falta de quórum en aquella oportunidad postergó la definición hasta esta semana.

Rago Gallo se desempeña como titular del Juzgado Federal N°2 desde febrero de 1993, convirtiéndose en uno de los magistrados con mayor trayectoria dentro de la Justicia Federal sanjuanina.

A lo largo de más de tres décadas intervino en algunas de las causas más relevantes de la provincia, entre ellas investigaciones vinculadas al narcotráfico, expedientes por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y el caso de la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea.

También tuvo participación en la resolución de conflictos de gran impacto provincial, como el litigio por la escombrera de la minera chilena Los Pelambres en territorio cordillerano de Calingasta y el secuestro extorsivo de María del Carmen López, esposa del empresario Eduardo Barceló.

Además de la competencia penal, el juzgado interviene en causas contencioso-administrativas, tributarias y previsionales, incluyendo litigios entre particulares y organismos nacionales como PAMI, ANSES y ARCA, ex AFIP.

Con la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, el magistrado cumple actualmente funciones como juez de Garantías, rol que incluye el control de la legalidad de las investigaciones y la autorización de medidas como allanamientos, detenciones e intervenciones telefónicas solicitadas por los fiscales.

La aprobación del Senado garantiza así la continuidad de uno de los nombres históricos de la Justicia Federal de San Juan, que seguirá desempeñando sus funciones al menos hasta 2031.