Tras las primeras condenas, irá a juicio otro grupo acusado por la causa de los DNI falsos

Son 12 imputados señalados por integrar la organización que utilizaba documentos adulterados para cometer estafas. Entre ellos figuran los denominados "presta cara", quienes habrían facilitado su imagen para obtener DNI con identidades ajenas.
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La causa por la falsificación de documentos en el Registro Civil de Pocito tendrá un nuevo capítulo judicial. Luego de las condenas dictadas contra los principales integrantes de la organización, la Justicia Federal deberá avanzar con el juicio oral contra otras 12 personas acusadas de participar en las maniobras delictivas.

La investigación, encabezada por el fiscal federal Fernando Alcaraz, sostiene que los imputados formaban parte de una asociación ilícita dedicada a gestionar Documentos Nacionales de Identidad auténticos con datos biométricos adulterados, que luego eran utilizados para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos y realizar compras a nombre de terceros.

Entre los acusados aparecen los llamados "presta cara", personas que, según la acusación, aportaban sus fotografías y huellas digitales para tramitar documentos con los datos personales de las víctimas. En varios casos, las maniobras fueron detectadas por los controles biométricos del ReNaPer antes de que los DNI fueran entregados.

Además del delito de asociación ilícita, la Fiscalía atribuye distintos hechos de uso de documentos adulterados, estafas, falsedad ideológica e inserción de declaraciones falsas en instrumento público. En el caso de la exencargada del Registro Civil de Pocito, Natalia Lorena Castillo, también se le imputa incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y tenencia ilegítima de documentos.

El nuevo debate se desarrollará después del juicio abreviado en el que Rolando Javier Navarro Saide fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión, mientras que Castillo recibió 4 años y 8 meses. También fueron condenados otros integrantes de la organización, tras comprobarse que la maniobra provocó perjuicios económicos millonarios a varias víctimas.

En este nuevo proceso, la Justicia deberá determinar la responsabilidad penal de los acusados que todavía no cuentan con una sentencia firme y definir si tuvieron participación en la estructura que operó entre 2024 y 2025 mediante la utilización de identidades ajenas para cometer estafas.

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