Escándalo por las computadoras de la Policía: "La cantidad coincidía, pero la calidad no"

La investigación por la presunta maniobra fraudulenta en la compra de computadoras para la Policía de San Juan continúa avanzando y el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Roberto Ginsberg, reveló nuevos detalles sobre el expediente. Confirmó que ya fueron imputadas cinco personas, explicó cómo aparecieron los equipos que estaban desaparecidos y aseguró que las pericias determinaron que no eran los mismos dispositivos que el Estado había comprado.

"Este legajo ya fue formalizado. Se le ha imputado a cinco personas", explicó el fiscal.

Cabe destacar que los acusados son tres policías que integraban la comisión encargada de recibir el equipamiento, un ingeniero que trabajaba en la Secretaría de Seguridad y la apoderada de la empresa SSH Emprendimientos, proveedora del Estado.

Según precisó Ginsberg, todos fueron imputados por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, mientras que los efectivos policiales también deberán responder por incumplimiento de los deberes de funcionario público. "Al personal policial se le imputó, en concurso ideal, el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público", indicó.

Ginsberg recordó que el juez otorgó un plazo de un año para desarrollar la Investigación Penal Preparatoria. "Se nos concedió un plazo de un año de investigación penal preparatoria y ahora se está iniciando la investigación de este año", sostuvo.

Uno de los puntos más importantes del expediente tiene que ver con la aparición de las computadoras. El fiscal explicó que fue la propia representante de la empresa quien informó dónde estaban los equipos.

"En el mes de julio de 2025 apareció una nota presentada por esta persona, quien manifestó espontáneamente que estas computadoras se encontraban en un depósito de Avenida Rawson", relató.

Sin embargo, ese dato despertó inmediatamente las sospechas de los investigadores. "Lo primero que llamó la atención es que ese depósito pertenecía a otra firma distinta a SSH Emprendimientos", explicó.

A partir de esa información, la Justicia ordenó un allanamiento y el secuestro de todos los equipos encontrados en el lugar. Posteriormente fueron sometidos a una pericia informática que terminó siendo determinante para la causa.

"Una vez que se tuvo esta información se realizó un allanamiento, un secuestro y posteriormente una pericia informática sobre estas máquinas", señaló.

"Constatamos que, si bien la cantidad coincidía, las computadoras y tablets no eran la calidad que se había comprado y ya pagado", afirmó Ginsberg.

Consultado sobre si esos equipos pudieron haber sido colocados posteriormente para simular el cumplimiento del contrato, el fiscal evitó confirmar esa hipótesis, aunque reconoció que forma parte de la teoría que investiga el Ministerio Público.

"Es una posibilidad. La teoría del caso del Ministerio Público viene a que, por información que vamos recabando y que me reservo, estas computadoras aparecieron con posterioridad a la compra y cuando ya se estaba investigando no solo acá en el Ministerio Público, sino también en la Subsecretaría de Control de Gestión de la Seguridad Pública", manifestó.

También descartó que exista una pericia oficial que contradiga los resultados obtenidos por la Fiscalía. "La única pericia que hay es una pericia realizada por el Ministerio Público con participación de Fiscalía de Estado, ya que están en juego los intereses patrimoniales del Estado", aclaró.

Entre los imputados figura además un ingeniero de apellido Fava, quien se desempeñaba en la Secretaría de Seguridad. Según explicó el fiscal, el expediente contiene un informe elaborado por ese profesional.

"Contamos en nuestro poder con un informe de él donde detallaba claramente dónde estaba cada una de las computadoras en distintas reparticiones policiales", indicó.

El funcionario judicial no descartó que el número de acusados pueda aumentar. "Se ha iniciado una investigación de un año. Por supuesto podrían haber más implicados", respondió al ser consultado sobre esa posibilidad.

Otro de los ejes centrales del expediente será determinar qué ocurrió con los fondos públicos destinados a la compra. "Se invirtió el monto total de la compra, que era por 90 millones de pesos. Estamos hablando del mes de mayo de 2023", detalló.

Para reconstruir el circuito del dinero, la Fiscalía avanzará ahora con nuevas medidas. "Debo solicitar el levantamiento del secreto bancario y otras medidas. Una vez formalizada la investigación, se va a solicitar", adelantó.

"No se sabe dónde fue a parar ese dinero", reconoció.

El fiscal también explicó que solicitarán informes a distintas entidades para seguir el recorrido de los pagos. "Están pendientes muchas medidas de prueba, entre ellas oficiar a distintas reparticiones y entidades bancarias, a los fines de poder ver cómo fue el circuito de ese dinero", señaló.

Por el momento, los cinco imputados permanecen en libertad. Las únicas medidas de coerción impuestas por el juez fueron la promesa de someterse al proceso penal y la obligación de no entorpecer la investigación.

"Las medidas de coerción pueden ir variando en caso de que los imputados adopten otra actitud", advirtió.