La Legislatura aprobó la Ley de Desarrollo Local Minero: detalles

La Cámara de Diputados de San Juan convirtió este jueves en ley el proyecto de Desarrollo Local Minero, una iniciativa impulsada por el Gobierno provincial que busca que el crecimiento de la actividad tenga un mayor impacto sobre el empleo, los proveedores locales y las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

La norma fue aprobada con 33 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, luego de varios días de debate y modificaciones introducidas durante el tratamiento en comisión. Con esta sanción, San Juan contará con un nuevo marco legal destinado a fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en una industria que atraviesa una etapa de fuerte expansión.

El proyecto surge en un contexto marcado por el avance de grandes desarrollos de cobre como Los Azules y Vicuña, considerados entre los principales proyectos del país y con potencial para posicionar a la provincia entre los principales productores mundiales del mineral. A la vez, la ley busca complementar el escenario abierto por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), orientando parte de esos beneficios hacia el desarrollo económico local.

Uno de los principales ejes de la norma establece que las empresas mineras deberán presentar planes de desarrollo donde se comprometan a avanzar hacia un 80% de empleo local, priorizando primero a los habitantes de los departamentos donde se ubican los proyectos y luego al resto de los sanjuaninos. Para alcanzar ese objetivo también deberán impulsar programas de capacitación y formación de trabajadores.

En materia de compras y contrataciones, la ley fija como meta que el 60% de los bienes y servicios sean adquiridos a proveedores radicados en San Juan cuando existan condiciones competitivas. Para ello se crea un registro oficial y público donde podrán inscribirse las empresas interesadas, siempre que acrediten domicilio operativo en la provincia y una participación mayoritaria de capitales sanjuaninos.

Durante el debate legislativo se incorporaron modificaciones impulsadas en comisión que otorgan un rol más activo a los municipios dentro del Consejo Consultivo creado por la norma. Además, para acceder a los beneficios fiscales previstos, las empresas deberán garantizar un piso mínimo del 20% de proveedores locales del departamento donde se desarrolla el proyecto y 30% de empleo departamental, fortaleciendo así el impacto directo en las comunidades cercanas a la actividad.

La ley también incorpora un esquema de incentivos para las compañías que cumplan las metas fijadas. Quienes acrediten simultáneamente los objetivos de empleo y compras locales podrán acceder a Certificados de Crédito Fiscal utilizables para cancelar impuestos provinciales o transferir ese beneficio a terceros.

El control de la aplicación de la norma quedará a cargo del Ministerio de Minería, que deberá supervisar los planes presentados por las empresas, verificar su cumplimiento y aplicar sanciones cuando corresponda. Los programas deberán presentarse bajo declaración jurada e incluir indicadores medibles que permitan evaluar periódicamente los avances.

Con esta aprobación, además, queda reemplazada la anterior Ley 1208-M, una normativa que nunca llegó a implementarse plenamente. El nuevo régimen apunta a consolidar un modelo que vincule el desarrollo de la minería con la generación de empleo calificado, el fortalecimiento de proveedores locales, la innovación tecnológica y el crecimiento de las economías regionales.