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Previo a que el Tribunal Oral Federal dé a conocer la resolución definitiva, Gustavo De la Fuente utilizó su última intervención en el juicio para rechazar de manera categórica las acusaciones que pesan en su contra y reivindicar su inocencia.
El penalista, que comparte el banquillo con John Sebastián Quevedo, sostuvo que jamás participó en maniobras de explotación y afirmó que toda su actividad estuvo enmarcada dentro de la legalidad. Durante una exposición de varios minutos, agradeció el acompañamiento de sus seres queridos y de los profesionales que asumieron su defensa a lo largo del proceso.
Ante los jueces, insistió en que nunca obtuvo rédito económico indebido ni ejerció control sobre las mujeres vinculadas a la agencia de contenido para adultos que funcionaba en la Capital sanjuanina. Según planteó, la investigación se construyó sobre interpretaciones erróneas y no sobre pruebas concluyentes.
En ese contexto, dirigió fuertes cuestionamientos al trabajo realizado por la fiscalía. Si bien reconoció la función institucional del Ministerio Público, consideró que hubo errores en la identificación de los responsables y en la orientación general de la pesquisa que lo mantuvo detenido durante casi dos años.
Otro tramo de su exposición estuvo dedicado al impacto personal y familiar que, asegura, provocó la causa judicial. Manifestó que sus allegados atravesaron momentos de extrema angustia y lamentó la difusión pública de información relacionada con su patrimonio, al entender que ello generó consecuencias negativas para su entorno más cercano.
Asimismo, relató situaciones que habría vivido durante su permanencia en el sistema penitenciario provincial, haciendo referencia a condiciones de alojamiento y funcionamiento interno que, a su criterio, merecen ser investigadas.
De la Fuente también recordó que existieron actuaciones previas que no prosperaron por falta de elementos para sostener la existencia de un delito, argumento que volvió a utilizar para reforzar su pedido de absolución.
La audiencia marcó el cierre formal del debate oral, luego de que las partes expusieran sus alegatos finales. Desde la acusación, el fiscal federal Fernando Alcaraz y representantes de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas solicitaron una pena de 12 años de prisión efectiva para ambos imputados.
La hipótesis fiscal sostiene que entre 2022 y 2024 funcionó una estructura destinada a captar mujeres en situación económica vulnerable para obtener beneficios mediante actividades de índole sexual realizadas a través de plataformas digitales.
Por el contrario, la estrategia defensiva afirma que se trató de una actividad lícita vinculada a la generación de contenido para adultos, desarrollada con la participación voluntaria de quienes trabajaban en el lugar y sin mecanismos de coerción.
Concluidas las exposiciones y escuchadas las últimas palabras de los acusados, el Tribunal fijó para este viernes, a las 12, la lectura del veredicto que pondrá fin a uno de los procesos judiciales más seguidos de los últimos años en la provincia.
