El delito que más preocupa en San Juan: se denuncian más de 1.800 arrebatos al año

Más de 1.800 arrebatos por año continúan siendo el principal desafío para la seguridad en San Juan. Así lo reconoció el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quien sostuvo que, si bien considera que la provincia sigue siendo una de las más seguras del país, "el arrebato es el delito que tenemos que disminuir" y precisó que actualmente "tenemos un promedio anual de más de 1.800 arrebatos". El funcionario explicó que se trata de un delito de oportunidad y advirtió que "el delincuente está las 24 horas analizando cuál es el punto más débil de la sociedad", por lo que la estrategia policial debe adaptarse de manera permanente.

En ese contexto, Delgado defendió el trabajo preventivo que se viene realizando y afirmó que "San Juan es una provincia segura". Para fundamentarlo, comparó la realidad local con otras ciudades del país y aseguró que "acá se puede caminar por el microcentro con el celular en la mano, mientras que en otras provincias eso no ocurre". No obstante, remarcó que el objetivo sigue siendo reducir los delitos contra la propiedad y fortalecer la prevención.

Otro de los datos que dejó la entrevista estuvo relacionado con la siniestralidad vial. El secretario recordó que durante 2025 los siniestros se redujeron a la mitad respecto de años anteriores, aunque reconoció que esa tendencia comenzó a revertirse. "El año pasado tuvimos 60 siniestros y este año ya llevamos más de 40", indicó, por lo que anunció el lanzamiento de un programa de educación vial junto al Ministerio de Educación. Según explicó, el objetivo será "empezar a sensibilizar a la gente sobre la importancia de cumplir las normas de tránsito" y analizar con mayor precisión factores como el uso del celular o la alcoholemia.

La incorporación de tecnología aparece como otro de los pilares de la política de seguridad. Actualmente la Policía cuenta con 40 dispositivos Taser, aunque Delgado aseguró que el objetivo es mucho más amplio. "El número ideal sería tener entre 400 y 600 Taser", afirmó, al señalar que la intención es equipar progresivamente al personal que trabaja en la vía pública. En la misma línea, confirmó que ese crecimiento estará acompañado por cámaras corporales. "Si vamos a las 400 Taser, vamos también a las 400 webcam", sostuvo, al considerar que esos dispositivos permitirán registrar el accionar policial y brindar mayor respaldo en los procedimientos.

La situación del sistema penitenciario también forma parte de los cambios que analiza el Gobierno. Delgado reveló que actualmente existen unas 300 personas condenadas a penas menores de seis meses, por lo que se estudia implementar al menos 200 tobilleras electrónicas para que parte de esos internos cumpla la condena bajo monitoreo domiciliario. "Es mucho más sencillo adecuar un sistema de monitoreo que construir nuevos pabellones", argumentó, al señalar que la propuesta ya se trabaja junto al Poder Judicial para aliviar la sobrepoblación carcelaria.

En cuanto a la infraestructura penitenciaria, confirmó que la construcción del nuevo penal en Ullum permanece paralizada por falta de financiamiento, aunque aclaró que el proyecto no fue descartado. "La carpeta sigue en proceso y apenas esté la disponibilidad económica y financiera se podrá retomar", afirmó. Incluso explicó que una de las alternativas en análisis es gestionar recursos nacionales ofreciendo un sector del futuro establecimiento para alojar internos federales.