Una estatal sanjuanina se jubiló pero cobró un sueldo durante casi 10 años: deberá devolverlo

Una insólita situación que se extendió durante casi 10 años terminó con un fallo judicial que obliga a una jubilada sanjuanina a reintegrar una importante suma de dinero a las arcas provinciales. La mujer siguió percibiendo haberes como empleada pública mucho tiempo después de haber dejado de trabajar, debido a una falla en los mecanismos administrativos del Estado.

Todo comenzó cuando la entonces trabajadora del Ministerio de Salud Pública dejó su cargo para acceder al beneficio jubilatorio. Aunque su retiro laboral quedó formalizado, la cuenta utilizada para el pago de sus salarios continuó activa y mes tras mes siguieron acreditándose fondos provenientes del Estado.

La irregularidad pasó inadvertida hasta que, a fines de 2022, organismos provinciales detectaron que la mujer estaba cobrando simultáneamente su jubilación y depósitos correspondientes a una relación laboral ya extinguida.

Tras advertir el error, las autoridades iniciaron gestiones para recuperar el dinero. Sin embargo, al no prosperar una solución administrativa, la Fiscalía de Estado promovió una demanda para exigir la restitución de los montos abonados indebidamente.

Durante el proceso, la exagente sostuvo que nunca intentó beneficiarse de manera irregular. Argumentó que interpretó los depósitos como posibles ajustes pendientes vinculados a reclamos salariales anteriores o a programas de compensación para jubilados. También aseguró haber manifestado predisposición para regularizar la situación, aunque finalmente no se alcanzó ningún acuerdo.

La causa llegó a la Justicia, donde en primera instancia se resolvió que debía devolver los fondos recibidos. El fallo entendió que, más allá del origen del error, existió una percepción de dinero sin respaldo legal.

La defensa apeló la decisión y planteó que la responsabilidad recaía exclusivamente sobre la administración pública, ya que fue el propio Estado el que mantuvo los pagos durante años. No obstante, la Cámara Civil rechazó esos argumentos y confirmó la sentencia.

Con esta resolución, quedó firme la obligación de devolver más de 4,2 millones de pesos, cifra a la que deberán agregarse los intereses acumulados hasta que se concrete el reintegro total del dinero.