San Juan busca adecuarse a la Ley Penal Juvenil antes de septiembre

La entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil, prevista para septiembre, abrió un proceso de preparación entre los distintos poderes del Estado en San Juan. Así lo confirmó el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, quien señaló que la provincia trabaja para adecuarse a las exigencias que establece la normativa nacional.

“Estamos trabajando para poder dar la cobertura que la ley prevé para estos casos”, afirmó el magistrado al referirse al nuevo escenario que deberá afrontar el sistema judicial provincial.

Según explicó, la implementación de la ley no involucra únicamente al Poder Judicial, sino que requiere la participación y coordinación de distintas áreas del Estado provincial.

“Es una problemática que no sólo comprende al Poder Judicial, comprende también al Poder Ejecutivo”, sostuvo.

Uno de los principales desafíos está vinculado a la infraestructura destinada a adolescentes en conflicto con la ley penal. Olivares Yapur remarcó que la provincia necesita contar con espacios específicos para alojar menores, diferenciados de los establecimientos penitenciarios para adultos.

“La provincia tiene que tener un lugar de alojamiento para los menores, que no puede ser el penal de Chimbas”, advirtió.

El titular de la Corte indicó que actualmente San Juan no dispone de un espacio con esas características, aunque destacó que existen avances en materia de infraestructura vinculados al Instituto Nazario Benavides, donde se desarrollan trabajos que podrían contribuir a responder parte de esta necesidad.

Asimismo, aclaró que las definiciones vinculadas a la creación y adecuación de esos espacios corresponden principalmente al Poder Ejecutivo, mientras que desde la Justicia se trabaja en la coordinación institucional necesaria para la puesta en marcha de la ley.

Olivares Yapur explicó además que existe diálogo permanente con el Foro de Abogados, el gobernador Marcelo Orrego y otras autoridades provinciales para evaluar cómo afrontar la implementación de la normativa dentro de los plazos previstos.