Todos los días niños y niñas misioneros de las comunidades del paraje km 65 “Río Victoria” caminan más de dos horas y recorren cerca de tres kilómetros para llegar a su escuela (Esc. N° 352 “Don Ceferino”).
Para ir a la escuela y volver a sus casas, los chicos tienen que atravesar un sendero lleno de ramas y maleza en el medio de la selva. En general van acompañados de adultos provistos de machetes que van limpiando el camino para poder atravesarlo.
Además, cruzan un arroyo pero como no hay puentes tienen que sumergirse en el agua o improvisar pasarelas sobre troncos endebles para poder pasar.
Cuando el clima es adverso, los niños y jóvenes no pueden asistir a clases porque los caminos se tornan intransitables y los cauces de agua suben y es imposible cruzarlos.
Foto: Amnistía Internacional
Hace más de 10 años que papás, mamás y docentes piden que se hagan las obras necesarias para garantizar que los niños y las niñas puedan ir a la escuela en condiciones seguras y sin riesgos. A pesar del reclamo de la comunidad, la construcción de los puentes fundamentales para el tránsito peatonal y vehicular, y el trazado de caminos seguros, aún no recibieron una respuesta favorable.
El 11 de julio de 2018, Amnistía Internacional visitó a las familias que viven en el paraje y conversó con quienes llevan adelante el reclamo. También se reunió con representantes del Gobierno de Misiones - ministro coordinador de Gabinete, Adolfo Pischik. Las autoridades informaron que las obras para la construcción de los puentes estaban proyectadas para este mismo año. Sin embargo, desde entonces pasaron ya cerca de dos meses y no se avanzó ni con la construcción del puente ni con el trazado del camino.
LOS PEDIDOS
En las redes sociales se puede observar un pedido por medio de la web de Amnistía Argentina, en el que se solicita que el Gobierno de Misiones ejecute las obras necesarias para la construcción de los puentes para tránsito peatonal y vehicular y el trazado de los caminos que permitirán a los niños y niñas de San Vicente asistir a la escuela. En tanto, al Estado Nacional le pide que fiscalice y provea los recursos financieros, técnicos o humanos necesarios a efectos de que los niños y niñas de San Vicente tengan garantizado de manera efectiva su derecho a la educación.
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