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La Cámara de Diputados se prepara para una sesión que promete ser tensa. Este miércoles a las 15, el oficialismo impulsará en el recinto el tratamiento de la modificación a la Ley de Glaciares, un proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado y que, de aprobarse, se convertirá en ley. La Libertad Avanza asegura tener los votos necesarios para avanzar con la iniciativa, aunque anticipa un debate intenso por parte de la oposición.
El proyecto obtuvo dictamen favorable tras el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, que concluyó el análisis de la iniciativa luego de audiencias públicas realizadas el 25 y 26 de marzo. Durante esas jornadas participaron funcionarios nacionales, representantes provinciales y gobernadores de la denominada Mesa del litio y el cobre, quienes respaldaron la necesidad de avanzar con cambios en la normativa.
El dictamen de mayoría reunió 37 firmas sobre un total de 69 diputados del plenario y contó con el apoyo del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales. Entre quienes acompañaron la iniciativa se encuentran la diputada catamarqueña María Fernanda Ávila, el sanjuanino Carlos Jaime Quiroga del espacio Producción y Trabajo —vinculado al gobernador Marcelo Orrego— y legisladores del Frente Renovador de la Concordia de Misiones.
En paralelo, Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con 23 firmas, mientras que el bloque Provincias Unidas elaboró otro con cinco apoyos. Además, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, firmó un dictamen propio de rechazo.
La oposición cuestionó tanto el contenido del proyecto como el proceso de participación ciudadana durante su tratamiento. En las audiencias públicas se inscribieron más de 100 mil personas, aunque finalmente expusieron menos de 400. Frente a esas críticas, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, defendió el procedimiento y aseguró que se respetaron los mecanismos de participación previstos en el Acuerdo de Escazú.
Ferraro también apuntó contra la composición del debate y la presencia de funcionarios vinculados a provincias con fuerte actividad minera. Según planteó, el plenario priorizó la participación de representantes de jurisdicciones cordilleranas con proyectos extractivos y cuestionó el rol del secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, por su vínculo previo con empresas del sector.
Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Juan Schiaretti también expresó su rechazo al proyecto y advirtió sobre los riesgos que podría implicar para la protección del agua. A su entender, cualquier modificación legislativa debe contemplar el impacto ambiental a largo plazo, dado el rol estratégico de los glaciares como reservas de agua dulce.
El rol de San Juan en el debate
San Juan tuvo una participación activa durante las audiencias en el Congreso. El ministro de Minería provincial, Juan Pablo Perea, defendió la necesidad de introducir modificaciones a la Ley 26.639 para mejorar su aplicación y dotarla de mayor precisión técnica.
Durante su exposición ante los legisladores, el funcionario sostuvo que la iniciativa no busca reducir los niveles de protección ambiental. “No se trata de proteger menos, sino de proteger mejor”, afirmó, al explicar que el objetivo es diferenciar con mayor claridad entre distintos tipos de formaciones glaciares y el ambiente periglacial.
Perea señaló que la discusión se concentra especialmente en los glaciares de escombros, cuya relevancia hídrica —según estudios citados por el funcionario— sería limitada en comparación con otras fuentes de agua. En ese sentido, mencionó investigaciones que indican que el aporte de esas formaciones al caudal del río San Juan representaría apenas el 1,65% en un período de 75 años, incluso en escenarios extremos de cambio climático.
El ministro también subrayó que el agua es un recurso estratégico para la provincia y recordó que el Gobierno provincial destinó más de 22 mil millones de pesos en infraestructura para zonas mineras, de los cuales unos 6 mil millones se invirtieron en obras hídricas, como el Acueducto El Tambillo y redes de agua potable en Jáchal.
Además, defendió el rol de las provincias en la administración de sus recursos naturales, citando el artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce el dominio originario de las jurisdicciones sobre esos bienes.
En la misma línea, el gobernador Marcelo Orrego también participó del debate en comisiones y respaldó el desarrollo de la minería en la provincia. Durante su intervención, sostuvo que el crecimiento de la actividad puede ser compatible con la protección ambiental y remarcó que el cuidado del agua es una prioridad para San Juan.
El mandatario recordó que la provincia enfrenta una realidad hídrica compleja, con una geografía marcada por la aridez. Según explicó, el 94% del agua se destina a la agricultura, mientras que el consumo humano representa alrededor del 4% y la actividad industrial, incluida la minería, apenas el 1,2%.
