Cuenta regresiva para el inicio del juicio contra el abogado penalista De la Fuente, acusado de trata

Después de un extenso proceso judicial que se prolongó por casi 2 años, la causa contra el abogado penalista Gustavo de la Fuente entra en su etapa decisiva. Según confirmaron fuentes vinculadas al ámbito judicial, el debate oral ya está en condiciones de comenzar y podría ponerse en marcha en las próximas semanas, con mayo como fecha probable y junio como límite.

El expediente ya fue remitido al Tribunal Oral Criminal Federal, donde avanzan con la revisión final del material probatorio que será presentado durante el juicio. Esta instancia incluye un análisis y depuración de las pruebas recolectadas durante la investigación, paso previo indispensable antes de fijar día y hora para el inicio del proceso.

De la Fuente permanece detenido y enfrentará cargos por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, en un contexto agravado por la vulnerabilidad de las presuntas víctimas. En el mismo expediente también figura el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, señalado como colaborador directo dentro de la estructura investigada.

La investigación apunta a una supuesta operatoria montada a través de una agencia de modelaje que operaba bajo el nombre Belle Argentina, la cual se promocionaba activamente en redes sociales. De acuerdo con la acusación, al menos 21 mujeres habrían sido parte de transmisiones en vivo con contenido erótico destinadas a usuarios del exterior, en un esquema que generaba ingresos económicos cuya administración estaba bajo control de los acusados.

El avance hacia el juicio se concretó luego de que el juez federal Leopoldo Rago Gallo diera por finalizada la etapa de instrucción en febrero y ordenara la elevación a juicio. Con ese trámite cumplido, el tribunal quedó habilitado para avanzar con la organización del debate, que será llevado adelante por un único magistrado, el juez Daniel Doffo.

Un punto clave en el desarrollo de la causa es el tiempo de detención preventiva que lleva el principal imputado, cercano al límite legal de 2 años sin condena firme. Si bien la normativa permite extender ese plazo por 1 año más, desde el ámbito judicial indicaron que la intención es evitar esa prórroga y avanzar con el juicio en el corto plazo.

El caso tuvo su origen en 2024, tras un operativo encabezado por Gendarmería Nacional que incluyó allanamientos, incautación de elementos y detenciones. La investigación fue impulsada inicialmente por el fiscal Francisco Maldonado, quien tras varios meses de trabajo solicitó las medidas que dieron inicio al proceso. Posteriormente, el fiscal Fernando Alcaraz tomó intervención y formalizó el pedido de elevación a juicio.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron documentación que incluiría contratos firmados por las mujeres involucradas. En esos acuerdos se establecían condiciones económicas vinculadas a las ganancias por transmisiones, aunque los pesquisas sostienen que las participantes no tenían pleno conocimiento de los ingresos generados, ya que la gestión quedaba en manos de los responsables de la estructura.

Además, los investigadores consideran que pudo haber existido un aprovechamiento de condiciones sociales desfavorables de las mujeres, lo que agrava el encuadre legal del caso.

En el marco de la causa también había sido vinculado Wuillider Rodríguez Martínez, quien en un primer momento fue procesado como partícipe secundario. Sin embargo, finalmente no fue incluido en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, por lo que quedó desvinculado del proceso.

Las imputaciones contra De la Fuente y Quevedo se sostienen en la legislación vigente que sanciona la captación y explotación de personas, con penas que pueden incrementarse considerablemente cuando existen múltiples víctimas, participación de varias personas o situaciones de vulnerabilidad acreditadas. El proceso que se avecina será clave para determinar responsabilidades en un caso que generó fuerte impacto.