
Imputaron a un hombre por hacerse pasar por psicólogo y emitir un certificado falso

La Justicia formalizó la investigación penal contra un hombre acusado de usurpación de títulos y honores tras presentarse como psicólogo y emitir un certificado apócrifo a una estudiante secundaria. Además, se dispuso la suspensión del proceso a prueba por el término de un año.
La causa, identificada como legajo MPF-SJ-31109-2025, es tramitada por la UFI Genérica, con intervención de la fiscal Daniela Pringles, junto a la ayudante fiscal Paula Amarfil y el auxiliar Rodrigo Herrera.
El hecho investigado
Según la investigación, el 24 de agosto de 2025 Soledad Echegaray contactó por WhatsApp a Leandro Emanuel Ruarte, a quien le habían recomendado como psicólogo, con el fin de obtener un certificado para su hija de 17 años, alumna del último año del Colegio Cesap, que debía justificar inasistencias por ataques de ansiedad.
Posteriormente acordaron una entrevista en un café céntrico. Tras conversar con la adolescente, el hombre se comprometió a enviar un certificado médico, lo cual realizó dos días después.
El documento consignaba la firma y sello “Lic. Emanuel L. Ruarte — Psicólogo M.N. 85720” y prescribía 72 horas de reposo por ansiedad o pánico.
Sospechas y denuncia
Las autoridades escolares detectaron inconsistencias en el certificado, tanto por el número de matrícula como por la indicación de reposo para un cuadro psicológico. Ante esta situación, la directora del establecimiento consultó al Colegio de Psicólogos de San Juan, donde se confirmó que Ruarte no estaba matriculado ni habilitado para ejercer la profesión.
Posteriormente se verificó en el Registro Público de Graduados Universitarios que el acusado posee título de Licenciado en Ciencias de la Educación con orientación en Gestión de Instituciones Educativas, otorgado por la Universidad de Congreso en 2015, pero no de psicólogo.
Calificación legal
El hecho fue encuadrado como usurpación de grado, títulos y honores (artículo 247 del Código Penal), en calidad de autor material y en perjuicio de la administración pública.
Formalización y suspensión del proceso
El 25 de febrero de 2026 se realizó la audiencia de formalización, en la que se dispuso:
Tener por formalizada la investigación penal preparatoria
Imponer como medida cautelar la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial
Suspender el proceso a prueba por el plazo de un año
Además, el imputado deberá:
Pagar $200.000 en concepto de reparación simbólica antes del 10 de marzo
Realizar 30 horas de tareas comunitarias en la Municipalidad de la Capital dentro de los próximos seis meses
Por último, se ordenó a la Policía de la Provincia efectuar el prontuario correspondiente a fin de registrar sus antecedentes personales.
La suspensión del proceso a prueba implica que, si cumple con las condiciones impuestas, el imputado podría evitar la realización de un juicio oral.



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