El Senado ya trata una reforma clave para el futuro de la minería local

El oficialismo impulsa una reforma que amplía la participación provincial en la protección de glaciares y habilita evaluaciones ambientales para proyectos productivos en zonas periglaciares.
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Este jueves 26 de febrero, el Senado de la Nación inicia el tratamiento de las modificaciones a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares. El proyecto, impulsado por el Gobierno nacional, apunta a destrabar inversiones mineras de gran escala que hoy se encuentran en zonas de conflicto normativo, especialmente en la cordillera sanjuanina.

El cambio central de la reforma es la redeterminación del ambiente periglacial. Actualmente, la ley prohíbe cualquier actividad industrial si una geoforma figura en el Inventario Nacional de Glaciares. La nueva propuesta establece que las provincias, como dueñas originarias de sus recursos, podrán realizar sus propios estudios técnicos para determinar si una formación cumple o no una función estratégica de reserva hídrica.

Si un equipo técnico provincial concluye que un área no es vital para la recarga de cuencas, podrá avanzar con la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos productivos. Un punto polémico de la letra chica indica que, si el IANIGLIA (organismo nacional de inventario) demora en validar la exclusión de esa zona del registro, esto "no afectará la validez de la autorización" otorgada por la provincia.

Para San Juan, esta modificación es vista por la Cámara Minera y el gobierno de Marcelo Orrego como una herramienta de seguridad jurídica indispensable. Proyectos de cobre y oro de clase mundial, que requieren inversiones bajo el régimen RIGI, ganarían la previsibilidad necesaria para operar sin el riesgo de judicializaciones por la interpretación de la ley actual.

Sin embargo, el consenso no es total. Mientras el sector minero celebra la mayor autonomía federal, la industria vitivinícola y sectores académicos han expresado reparos sobre el impacto a largo plazo en la disponibilidad de agua dulce. Las organizaciones ambientalistas advierten que descentralizar los controles podría debilitar la protección de los glaciares de roca, fundamentales en épocas de sequía extrema.

En el plano político, el poroteo de votos indica una paridad absoluta. El bloque sanjuanino votaría dividido: el oficialista Bruno Olivera y el peronista Sergio Uñac acompañarían la reforma, mientras que la senadora Celeste Giménez ya manifestó su rechazo. El resultado final dependerá de los bloques aliados de la UCR y el PRO, donde la disciplina partidaria se ha visto fracturada por las presiones de los gobernadores cordilleranos.

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