Crimen de Fernando Báez Sosa: por qué solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

La Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la nulidad de la condena impuesta a Lucas Pertossi por el crimen de Fernando Báez Sosa y disponga la realización de un nuevo juicio oral.

El planteo sostiene que durante todo el proceso se vulneró el derecho de defensa del condenado, debido a que su representación técnica fue ejercida bajo una estrategia común para los ocho acusados, sin atender —según el escrito— las diferencias en los hechos atribuidos, el grado de participación y la prueba existente respecto de Pertossi.

El recurso fue presentado ante el máximo tribunal por el defensor Ignacio Juan Domingo Nolfi, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmara la sentencia y rechazara los recursos extraordinarios.

Planteo por “conflicto de intereses” en la defensa

Según la presentación, la estrategia adoptada por el defensor original del grupo, Hugo Tomei, constituyó una defensa unificada que habría resultado perjudicial para Pertossi.

La Defensoría argumenta que existía una “marcada heterogeneidad de roles y niveles de imputación” entre los acusados, y que la falta de una estrategia individualizada generó un conflicto de intereses que afectó garantías constitucionales.

En su planteo, Pertossi sostuvo que no tuvo contacto físico con la víctima fatal y que su intervención se habría limitado a un episodio distinto al que culminó con la muerte de Báez Sosa. Además, remarcó que no fue señalado como autor ni coautor de los golpes letales, sino como partícipe secundario.

El escrito también señala que no se hallaron rastros de sangre de la víctima en sus prendas y que la mayoría de las pruebas testimoniales y periciales no lo vincularon directamente con la agresión mortal.

Pedido de nulidad y nuevo debate oral

La Defensoría solicitó que la Corte declare la nulidad total de lo actuado desde el momento en que, según sostiene, se configuró la situación de indefensión, incluida la sentencia condenatoria.

El planteo requiere que el expediente sea reenviado para la realización de un nuevo juicio oral, con garantías de defensa individual y efectiva. Asimismo, pidió que se remitan todas las actuaciones principales, incluidas grabaciones y actas del debate.

El recurso invoca la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, y sostiene que la asistencia letrada no debe ser meramente formal, sino “efectiva y sustancial”, especialmente en casos con condenas de extrema gravedad.

La decisión final quedará ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.