El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves podría tener un fuerte impacto económico. Según estimaciones del Ministerio de Economía, la medida provocaría pérdidas cercanas a los USD 575 millones, aunque la cifra final dependerá del grado de adhesión en todo el país.
La protesta se realiza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y en medio de un clima de creciente conflictividad sindical, agravado por el cierre de la planta de neumáticos FATE.
La industria y el empleo, ejes del reclamo
Desde la central obrera sostienen que el paro busca defender puestos de trabajo y condiciones laborales ante lo que consideran un deterioro del sector productivo. En ese marco, el cierre de FATE fue presentado como una señal de alarma para toda la industria nacional.
El conflicto también expuso tensiones con el sector empresario. Un exdirectivo de Bridgestone cuestionó duramente la postura sindical y afirmó que no existe voluntad de acuerdo.
El transporte, factor decisivo
Uno de los puntos clave será la adhesión de los gremios del transporte. El Gobierno intenta evitar que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se sume a la medida, ya que se encuentra bajo conciliación obligatoria.
La presencia o ausencia de colectivos puede modificar drásticamente el impacto del paro: sin transporte, gran parte de los trabajadores no puede movilizarse y la actividad económica se reduce al mínimo.
Paros anteriores y comparación de costos
De acuerdo con estudios del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), una huelga general suele implicar pérdidas de entre USD 500 y 600 millones, en línea con la proyección actual.
Como antecedente, el paro del 9 de mayo de 2024 generó un impacto estimado de USD 544 millones. En cambio, una medida realizada en 2025 —con transporte activo— redujo el costo a USD 194 millones, lo que demuestra la importancia de la movilidad para sostener la actividad.
Pulseada política en un momento clave
El paro se produce mientras el Congreso aún no define el futuro de la reforma laboral, lo que suma incertidumbre al escenario económico y político. Para el Gobierno, los cambios son necesarios para dinamizar el empleo; para la CGT, representan un riesgo para los derechos de los trabajadores.
Con este panorama, la jornada se perfila como una nueva prueba de fuerza entre el Ejecutivo y el sindicalismo, con consecuencias que van más allá de un solo día sin actividad.
