El empleado judicial y militante peronista, acusado de distribuir abuso infantil, asegura que lo "hackearon"

La investigación penal que tiene como imputado a Carlos Adrián Guevara, empleado del Poder Judicial sanjuanino y exreferente político del justicialismo, sumó un elemento que hoy cobra especial relevancia. Semanas después de que su vivienda fuera allanada, el acusado sostuvo públicamente que había sido víctima de un hackeo en su teléfono y en sus cuentas digitales.

El planteo surgió a fines de diciembre de 2025, pocos días después del procedimiento ordenado en su domicilio del barrio Jardín Policial, en Rivadavia. En una publicación en su cuenta de Instagram, Guevara aseguró que terceros habían accedido sin autorización a sus datos personales y advirtió a sus contactos que desestimaran cualquier mensaje o pedido que pudiera llegarles en su nombre.

En ese mensaje, fechado el 31 de diciembre, afirmó que estaban ingresando nuevamente a sus cuentas y que cambiaría números y perfiles por cuestiones de seguridad. La referencia ahora es analizada como parte del contexto que rodea la causa judicial.

El 12 de febrero quedó formalmente imputado por el delito previsto en el artículo 128 del Código Penal, vinculado a la tenencia y ofrecimiento de material de abuso sexual infantil. La audiencia se realizó en Tribunales y la investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, con intervención del fiscal Pablo Martín y su equipo.

El expediente se originó a partir de un reporte internacional emitido por la CyberTipline del National Center for Missing & Exploited Children, canalizado a la provincia mediante el sistema de cooperación 24 7. Según la acusación, desde una cuenta identificada con el nombre de usuario Cami Luna se habría compartido material ilegal. Los registros técnicos incorporados al legajo vinculan esa cuenta con direcciones IP y servicios de internet contratados a nombre de Guevara, además de correos electrónicos y líneas telefónicas asociadas a su identidad.

El 29 de diciembre se concretó un allanamiento autorizado por el juez de Garantías Mariano Carrera. En el procedimiento se secuestró, entre otros elementos, un teléfono celular Samsung Galaxy A12 que actualmente permanece bajo peritaje.

El magistrado dio por formalizada la Investigación Penal Preparatoria y fijó un plazo de 10 meses para su desarrollo. El imputado continúa en libertad, aunque con medidas restrictivas como la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial y la retención de documentación de viaje.

En el plano laboral, fue apartado de sus funciones habituales en la Oficina Judicial del fuero Laboral y reasignado a tareas secundarias hasta que exista una resolución definitiva. También trascendió que ya contaba con un sumario administrativo previo por antecedentes de conducta.

La defensa es ejercida por la Defensoría Oficial N.º 15. Mientras avanzan las pericias digitales, la hipótesis del hackeo planteada por el propio imputado aparece como uno de los puntos que deberán esclarecer los investigadores. La causa continúa en etapa preliminar y no existe aún sentencia firme.