Más de 4000 adolescentes en conflicto con la ley Penal

Más de 4000 adolescentes estuvieron vinculados al sistema penal juvenil en la Argentina durante 2024, de acuerdo a un relevamiento reciente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. El informe expone cuántos chicos y chicas atravesaron medidas judiciales o situaciones de encierro y aparece en un contexto marcado por la discusión legislativa sobre la edad de imputabilidad.

Al cierre de 2024 se registraron 4119 niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito penal juvenil. De ese total, 3249 atravesaban medidas penales en territorio, mientras que 865 se encontraban alojados en dispositivos con privación o restricción de la libertad. Además, 4 cumplían prisión domiciliaria y en 1 caso no se precisó la modalidad de abordaje aplicada.

Los datos reflejan que la gran mayoría de los adolescentes involucrados no estuvo privada de su libertad. Según el informe, 8 de cada 10 contaban con medidas judiciales alternativas, basadas en programas de acompañamiento y supervisión articulados con redes sociocomunitarias.

Si bien el relevamiento muestra una tendencia general a la baja en la cantidad total de jóvenes alcanzados por el sistema penal juvenil, también señala un leve incremento en los casos de encierro respecto de años anteriores.

En todo el país funcionaron 174 dispositivos vinculados al sistema penal juvenil. De ese número, 75 estuvieron destinados a la aplicación de medidas en territorio y 99 relacionados con situaciones de encierro. Dentro de estos últimos se identificaron 63 espacios de privación de la libertad, 27 de restricción y 9 dispositivos de aprehensión especializada.

En relación a los delitos atribuidos, predominan ampliamente los hechos contra la propiedad, que representan el 57,1% del total. En segundo lugar aparecen los delitos contra las personas con el 13,9% y luego los vinculados a la integridad sexual con el 7,5%.

El informe también pone el foco en la presencia de menores de 16 años dentro del sistema. Se contabilizaron 48 adolescentes de entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 estaban alojados en lugares de encierro. Según la legislación vigente, estos chicos son considerados no punibles y deberían ser abordados por los organismos de protección integral de derechos y no por el sistema penal juvenil.

La tasa nacional de encierro fue de 1,8 jóvenes privados de la libertad cada 100.000 habitantes. Algunas jurisdicciones superan ampliamente ese promedio y concentran la mayor parte de los casos a nivel país.

Entre quienes sí son punibles, más del 60% de los adolescentes bajo medidas de encierro tenía entre 16 y 17 años durante 2024. Otro dato relevante es que más del 30% continuaba cumpliendo medidas judiciales aun después de haber alcanzado la mayoría de edad.