Un chileno fue condenado por intentar sacar del país casi 60.000 dólares escondidos

Tras el decomiso, perdió la totalidad del dinero, incluyendo el monto máximo permitido para viajar.

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El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 (TOPE 1) de la ciudad de Buenos Aires ordenó el decomiso de 59.138 dólares, incluyendo los 10.000 dólares que se pueden sacar del país sin declarar, que le fueron secuestrados a un ciudadano chileno condenado por intento de contrabando de divisas. El hombre intentó abordar un avión con el dinero oculto en su equipaje.

Gran parte de ese dinero ya había sido decomisado cuando se lo condenó en 2024, pero ahora se sumaron los 10.000 dólares, el máximo permitido para egresar del país sin declaración. Para la Justicia, la totalidad de los fondos formó parte de un mismo hecho delictivo.

La resolución, firmada por la jueza de Cámara Sabrina Namer, cerró un debate que se extendió por más de un año entre la defensa y la fiscalía: qué hacer con los 10.000 dólares que no habían sido alcanzados por el decomiso inicial previsto en la sentencia original. El fallo de 2024 había ordenado confiscar 49.138 dólares, pero el excedente legal quedó bajo custodia judicial a la espera de una definición.

El ciudadano chileno fue detenido en febrero de 2020 cuando intentaba abordar un vuelo internacional en el aeropuerto de Ezeiza. Según el expediente, llevaba el dinero fraccionado en fajos pequeños y oculto dentro de una valija carry on y entre la ropa, con el objetivo de evitar su detección en el control aduanero.

El tribunal destacó que el imputado “sabía de la prohibición vigente e igualmente intentó sustraer al control aduanero, mediante su ocultamiento, las divisas descubiertas”, según la sentencia. El fallo también remarcó la presencia de carteles informativos de la AFIP que advertían sobre el límite de 10.000 dólares y una declaración jurada aduanera previa firmada por el acusado, en la que había consignado no ingresar sumas superiores a ese monto.

El 14 de noviembre de 2024, el TOPE Nº1 lo condenó a dos años y dos meses de prisión en suspenso, más la inhabilitación para el comercio, la inhabilitación perpetua para ejercer en fuerzas de seguridad y otras restricciones. También ordenó el decomiso de 49.138 dólares, es decir, de todo lo que excedía el límite legal.

El resto —los 10.000 dólares— quedó pendiente porque se había iniciado una investigación paralela por posible lavado de dinero, que después terminó archivada con un sobreseimiento definitivo. Una vez cerrada esa pesquisa, la defensa reclamó la devolución del dinero.

Pero la fiscalía se opuso. En su dictamen advirtió que devolver la suma habilitada por ley iría contra el efecto preventivo de la pena, ya que "incentivaría a las personas a intentar exportar del país, en varias oportunidades, sumas apenas superiores a los 10.000 dólares o a hacerlo mediante varias personas”. Y agregó que, de acuerdo con la jurisprudencia del Ministerio Público, todo el dinero ocultado —aún dentro del tope permitido— constituye objeto del delito.

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