En San Juan, crecieron un 110% los reclamos en Defensoría del Pueblo en 2025

La Defensoría del Pueblo de San Juan atravesó un año inusual y marcado por un fuerte aumento en la conflictividad social. Su titular, Florencia Peñaloza, explicó en el programa Movilizate de Diario Móvil, emitido por el canala de +Medios, que los reclamos crecieron “más de un 110% en la vía virtual y telefónica”, un indicador que refleja la magnitud de la crisis que atraviesan miles de familias.

Según Peñaloza, el tipo de demandas también cambió. “Cuando ingresé a la Defensoría, la mayoría de los reclamos tenían que ver con descuentos bancarios o temas financieros. Hoy la mayor parte son por salud”, afirmó. Entre los nuevos casos más frecuentes aparecen problemas para acceder a medicamentos, tratamientos interrumpidos, falta de cobertura y demoras en prestaciones esenciales.

La defensora sostuvo que el deterioro en programas nacionales impactó de lleno en San Juan. “Hemos tenido recortes en PAMI, en la salud pública nacional, en las prepagas y también en Incluir Salud, que dejó de entregar muchas medicaciones y prestaciones”, explicó. Esa situación obligó a que el sistema provincial asumiera gastos y funciones que antes cubría la Nación, generando mayor presión sobre hospitales y obras sociales locales.

Uno de los puntos más críticos se dio con la suspensión masiva de las pensiones no contributivas por discapacidad, dispuesta por Nación desde agosto. Peñaloza explicó que el organismo intervino desde el inicio con resoluciones administrativas y luego impulsó un amparo colectivo. “La suspensión dejó a miles de personas sin ingresos, sin cobertura médica y sin transporte para asistir a la escuela o a terapias. Eran casos de extrema vulnerabilidad”, señaló.

El fallo judicial que resolvió el amparo fue favorable y ordenó restituir las pensiones en todo el país. Además, la sentencia obligó a pagar todos los montos adeudados, incluidos aguinaldos y bonos. “Los sanjuaninos comenzaron a cobrar y muchos recibieron entre 1.200.000 y 1.400.000 pesos acumulados”, detalló la defensora.

La Defensoría continúa acompañando la verificación de los pagos. “Hay beneficiarios que creen que cobraron menos y estamos revisando cada caso. Algunos tenían créditos con descuentos y otros necesitan reclamos administrativos adicionales”, precisó.

Peñaloza también destacó que los reclamos por servicios públicos siguieron siendo relevantes. “Pedimos que los datos de quienes reciben subsidios de energía se crucen automáticamente con Nación y con las empresas, para evitar que miles de sanjuaninos deban volver a cargar el beneficio cada año”, afirmó. Según explicó, cuando el subsidio se cae, la factura llega más alta y el usuario debe pagarla igual antes de regularizar su situación, un mecanismo que calificó como problemático para jubilados y sectores vulnerables.

Sobre los conflictos de abastecimiento de agua, la defensora recordó el caso del acueducto de Valle Fértil, donde los vecinos realizaron protestas por los cortes prolongados. “Nos sentamos en una mesa de diálogo con todas las autoridades y el problema se pudo resolver. Hoy los vallistas cuentan con su acueducto en condiciones para enfrentar el verano”, subrayó.

Peñaloza remarcó que la Defensoría es un “órgano extrapoder” y su función es controlar el accionar del Estado, de empresas públicas y privadas que prestan servicios esenciales. En ese rol, afirmó que este año volvió a quedar en evidencia la necesidad de acompañar a quienes padecen situaciones de mayor vulnerabilidad. “Basta poner un derecho sobre la mesa para ver cuántas cosas están fallando y cuántas necesitan intervención inmediata”, concluyó.