Sancionarán a padres que no intervengan en casos de bullying

La provincia de Mendoza dio un paso inédito en su política frente al acoso escolar luego de que la Legislatura aprobara de forma definitiva una ley que incorpora la responsabilidad parental al Código Contravencional. Con esta modificación, los adultos a cargo de menores involucrados en episodios de bullying podrán recibir sanciones económicas, trabajos comunitarios y la obligación de asistir a talleres si no colaboran con los procesos de intervención.

El objetivo principal de la norma es impulsar una mayor participación de las familias en la prevención y detección temprana de situaciones de violencia entre estudiantes.

Un mecanismo de intervención progresivo con énfasis en el acompañamiento

La implementación prevé una primera instancia exclusivamente educativa. Son las escuelas, junto a equipos interdisciplinarios, las que deberán actuar inicialmente para contener el conflicto y trabajar con las partes involucradas. Solo cuando los padres, madres o tutores desoigan estas medidas o no se involucren en el proceso, intervendrá la Justicia Contravencional.

El texto establece que la aplicación será gradual y busca generar conciencia social, brindar herramientas a los adultos y cortar el circuito de violencia que muchas veces se origina o se sostiene en el ámbito familiar. Los fundamentos de la ley remarcan que la intención es reforzar el rol de las personas adultas para favorecer una crianza que reduzca los escenarios de acoso.

Multas altas, tareas comunitarias y capacitaciones obligatorias

Las sanciones previstas incluyen trabajos comunitarios de hasta treinta días o multas que irán desde los seiscientos mil hasta un millón doscientos sesenta mil pesos. Si se trata de un caso reiterado, el monto podrá duplicarse y el juez estará facultado para ordenar asistencia obligatoria a talleres o incluso a instancias de terapia familiar.

Otro aspecto clave es el principio de Protección de las víctimas. Según la normativa, responsabilizar a los adultos acelera la respuesta institucional y contribuye a crear ámbitos escolares más seguros. Además, se destaca el valor simbólico del trabajo comunitario como herramienta para tomar dimensión del daño que provoca el bullying.

La ley incorpora el concepto de Responsabilidad parental por acoso escolar. Se considerará una falta contravencional la omisión del deber de supervisión, orientación y cuidado cuando un niño o adolescente ejerza conductas de hostigamiento que generen daño físico, emocional o psicológico en entornos escolares o sociales.

Antes de que el caso llegue a la Justicia Contravencional, será obligatorio que la situación sea denunciada ante la institución educativa o ante organismos de protección de la niñez. Allí se deberá constatar tanto la conducta del menor como la falta de intervención de su familia y activar un protocolo que incluya a psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales.

Con información de Diario Los Andes