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Tres meses de prisión preventiva para el presunto tirador en los enfrentamientos de la barra de San Martín
La audiencia fue presidida por la jueza Flavia Allende, con la intervención de la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, y la defensa a cargo del abogado Horacio Merino.
Penal de Chimbas Servicio Penitenciario Provincial
Este martes se llevó a cabo la audiencia de formalización contra Iván Andrés Dávila Yafar, señalado como el presunto tirador en los enfrentamientos entre facciones de la barra brava de San Martín de San Juan.
La audiencia fue presidida por la jueza Flavia Allende, con la intervención de la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, y la defensa a cargo del abogado Horacio Merino. Durante su exposición, la fiscal imputó a Dávila Yafar por cinco hechos vinculados a la causa, entre ellos haber efectuado disparos contra una vivienda y poseer un arma de fuego en otra ocasión.
El Ministerio Público Fiscal solicitó medidas de coerción, argumentando que el imputado posee antecedentes penales y que existen las condiciones legales para aplicar una detención efectiva. Por su parte, la defensa pidió el arresto domiciliario, alegando arraigo familiar, pero el planteo fue rechazado.
Finalmente, la jueza Allende otorgó un plazo de 1 año de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y dispuso que Dávila Yafar cumpla tres meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.
En el marco de esta causa, otros integrantes de la hinchada ya fueron procesados.
Facundo Asís, de “La Banda del Pueblo Viejo”, fue condenado a seis meses de prisión condicional por amenazas, daños y lesiones leves.
Agustín Agüero, detenido el 4 de octubre al ingresar a la cancha de San Martín, deberá presentarse una vez al mes en la Comisaría 2ª y mantener prohibición de acercamiento a determinados lugares y víctimas durante un año.
En tanto, Marcelo Gerardo González Pareyra, alias “El Puchi”, también señalado como miembro del grupo, fue detenido en los allanamientos del 24 de septiembre, aunque recuperó la libertad por no contar con antecedentes.
La Justicia además formalizó la investigación contra dos nuevos involucrados:
Fernando Moya, trabajador municipal y prestamista, deberá realizar tareas comunitarias y pagar una reparación simbólica.
Franco Maurin Vargas, también prestamista, permanecerá detenido en su domicilio con tobillera electrónica.
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