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Patricia Uli relató en redes sociales su versión de los hechos. La investigación judicial avanza para determinar si hubo responsabilidad médica.
La Justicia de Viedma acusó a un cirujano y dos médicas residentes por homicidio culposo, tras la muerte de una mujer que sufrió una peritonitis luego de recibir el alta sin estudios adecuados. La investigación se extenderá durante cuatro meses.
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Tres profesionales de la salud fueron imputados en la provincia de Río Negro por la muerte de una paciente, quien falleció a causa de una peritonitis originada en una apendicitis que no fue diagnosticada a tiempo.
El hecho ocurrió a fines de septiembre en el hospital Artémides Zatti, en Viedma. La Fiscalía formuló cargos por homicidio culposo contra un cirujano y dos médicas residentes, a quienes les atribuyen diversas omisiones en la atención médica que derivaron en el fallecimiento.
Según detalló el Ministerio Público Fiscal, una de las residentes fue acusada de no haber realizado una valoración clínica completa ni solicitar los estudios complementarios necesarios antes de darle el alta a la paciente. “Esa conducta determinó una demora en el diagnóstico de apendicitis aguda y una consecuente pérdida de oportunidad terapéutica. La paciente evolucionó con sepsis secundaria a peritonitis por apendicitis no diagnosticada, falleciendo dos días después”, explicaron desde la acusación.
El cirujano, en tanto, fue imputado por no haber efectuado un control adecuado ni indicar los estudios pertinentes tras la cirugía, además de realizar una evaluación insuficiente del cuadro clínico.
La otra médica residente también fue acusada por no haber intervenido en los controles evolutivos posteriores a la operación, pese a encontrarse presente durante la internación.
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía figuran la denuncia penal, la historia clínica, los informes del hospital y declaraciones del personal sanitario que participó en la atención.
Durante la audiencia, los defensores de los acusados buscaron desligar de responsabilidad a las residentes, alegando su condición de formación. Sin embargo, la jueza de Garantías rechazó ese planteo y dio por formulados los cargos, autorizando además un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.


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