
La joven intentó quitarse la vida en el cementerio, pero uniformados lograron frenar la situación.
La santiagueña Valentina Olguín está acusada de utilizar los datos fiscales de cinco gobernadores, entre ellos el mandatario sanjuanino. Deberá declarar nuevamente en Tucumán el 4 de noviembre.
El fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, resolvió agravar los cargos contra la influencer santiagueña Valentina Olguín, en el marco de una causa que la investiga por haber utilizado los CUIT de cinco gobernadores argentinos, entre ellos el de Marcelo Orrego, para realizar compras en el exterior a través del sistema de importaciones courier.
La joven, que ya había sido indagada en abril, deberá presentarse nuevamente el próximo 4 de noviembre ante la Justicia Federal de Tucumán para responder por la nueva imputación de “contrabando simulado en concurso real”, una figura penal más grave que contempla penas más severas y acumulativas.
Según detalló la investigación, entre septiembre y octubre de 2024, Olguín habría utilizado los datos personales y fiscales de los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Marcelo Orrego (San Juan) para realizar 16 operaciones de compra internacional, principalmente en la tienda estadounidense Revolve.
Los productos ingresaron al país bajo el régimen Courier, mediante la empresa FedEx, y fueron entregados en un domicilio particular en el barrio porteño de Núñez, donde reside la influencer. El primer caso detectado fue el del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, quien denunció la maniobra en octubre de 2024 tras advertir que su CUIT había sido utilizado sin autorización.
La causa derivó en un allanamiento al domicilio de Olguín, realizado el 12 de diciembre por la Policía Federal Argentina, donde se secuestraron U$S 16.646, un iPhone 15 Pro, cámaras digitales, una computadora, facturas de FedEx y bolsas con prendas de la marca “Revolve”.
Con esas pruebas, el Juzgado Federal N°2 de Tucumán, a cargo del juez Juan Manuel Díaz Vélez, dispuso en mayo el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada y el embargo de $5 millones sobre sus bienes. Si bien parte de la investigación fue derivada a otras jurisdicciones, Tucumán mantiene la competencia central al haber sido el primer distrito en detectar el delito.
La defensa de Olguín había solicitado una “probation” —suspensión del juicio a prueba— ofreciendo realizar tareas comunitarias y disculpas públicas, pero el fiscal Chit rechazó el pedido, considerando la gravedad de los hechos y la multiplicidad de víctimas.
La investigación continuará con la posible elevación a juicio oral unificado, que concentrará los delitos cometidos en las cinco provincias. Mientras tanto, Valentina Olguín tiene prohibido salir del país hasta tanto se resuelva su situación procesal.
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