Doble indemnización: embargo para a un ex empleado minero que no devolvió $107 millones

Finalmente, se llevó a cabo este martes la audiencia de formalización contra el ex operario de Minera Andina del Sol, Dany Roberto Sarmiento, y su cónyuge, Myriam Muñoz, quienes son investigados por presunta apropiación de fondos transferidos erróneamente por la compañía. La resolución judicial culminó con una serie de medidas de rigor.

Tras resolver cuestiones de competencia que habían dilatado el proceso, la jueza a cargo del caso ordenó un importante embargo sobre bienes de la pareja. A esta medida se suman otras cautelares que Sarmiento y Muñoz deberán cumplir mientras avanza la investigación por la millonaria suma.

El caso se remonta a diciembre de 2024, cuando Sarmiento fue desvinculado sin causa de la empresa, conformada por Barrick Mining y Shandong Gold. Se le acordó una indemnización de $107.019.000, monto que recibió correctamente el 18 de diciembre.

No obstante, la controversia surgió apenas ocho días después, el 26 de diciembre. Por un error interno del área de Recursos Humanos de la minera, se realizó una segunda transferencia por la misma cifra, depositando más de 214 millones de pesos en total en la cuenta del ex empleado.

Según consta en la denuncia, el jefe de Recursos Humanos se comunicó inmediatamente con Sarmiento al advertir el doble pago y le solicitó la devolución. El operario le habría respondido: “Quedate tranquilo que cuando lo tuviera depositado lo transfiero.”

Sin embargo, esa misma noche los fondos ya no estaban. Al día siguiente, la empresa intentó recuperar el dinero a través del banco, pero la entidad informó que solo podía hacerse con la autorización del destinatario. Para el 28 de diciembre, Minera Andina del Sol constató que la totalidad de la segunda transferencia había sido girada a la cuenta de Myriam Muñoz, la esposa de Sarmiento.

Desde ese momento, el matrimonio se volvió inubicable para la empresa. El responsable del área intentó comunicarse con Sarmiento a través de mensajes y con al menos 18 llamadas, sin obtener respuesta. Ante el silencio y la falta de devolución del dinero, la firma envió cartas documento y finalmente radicó la denuncia formal ante la fiscalía especializada, lo que desencadenó la acción judicial que hoy culminó con el embargo.