Un nuevo proyecto de ley busca enmarcar los trabajos para app móviles

El crecimiento del empleo en aplicaciones de transporte, delivery y servicios bajo demanda ha instalado un dilema jurídico y político en Argentina: ¿cómo regular a quienes trabajan a través de plataformas digitales? Frente a ese vacío normativo, el diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley que propone un régimen laboral específico para este sector, con fuertes diferencias respecto de la legislación laboral tradicional.

El texto —firmado también por otros legisladores de La Libertad Avanza como Romina Diez, Nicolás Mayoraz, Carlos Zapata, Álvaro Martínez, José Peluc, María Emilia Orozco y Gabriel Bornoroni— establece un marco que busca despejar las controversias judiciales en torno a si los repartidores o choferes deben considerarse empleados en relación de dependencia o trabajadores autónomos. 

Libertad de horarios y remuneración

 
El proyecto consagra la autonomía como eje del vínculo: los prestadores de servicios definirán sus horarios de manera libre, podrán desconectarse en cualquier momento de la aplicación y tendrán derecho a trabajar para varias plataformas de forma simultánea. La remuneración, en tanto, quedará sujeta a lo pactado entre las partes, sin intervención estatal ni obligatoriedad de convenios colectivos.

En los fundamentos, Santurio argumenta que “darle rigidez a esta modalidad laboral sería ir en contra del interés de los trabajadores, que se incorporan a este tipo de empleo en busca de mayor libertad y flexibilidad”.

Derechos y obligaciones

 
El régimen reconoce derechos específicos como la información previa sobre cada actividad, el resguardo de la integridad física del prestador y la responsabilidad solidaria de la plataforma en casos de daños a usuarios cuando falle en sus deberes de control. También impone al trabajador la obligación de informar su ubicación durante los servicios y de mantener sus medios de trabajo —como motos, bicicletas o automóviles— en condiciones.

Un punto central del proyecto es el artículo 13, que excluye expresamente estas actividades de la relación de dependencia y del encuadre como autónomos, generando así una tercera categoría con reglas propias. En línea con esa definición, el texto no obliga a los prestadores a realizar aportes al sistema de seguridad social, aunque les reconoce la posibilidad de hacerlo en forma voluntaria.

La iniciativa busca evitar que la falta de un marco legal específico derive en fallos judiciales contradictorios que generen inseguridad jurídica tanto para trabajadores como para las empresas. Según cita Santurio, un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo estima que hay más de 412 millones de trabajadores de plataformas en el mundo y que en Argentina ya representan una franja creciente del mercado laboral.

El proyecto, sin embargo, anticipa polémica: mientras los libertarios sostienen que garantiza libertad contractual y seguridad jurídica, desde sectores sindicales y de la oposición podrían cuestionarlo como un intento de consolidar la “uberización” del trabajo, reduciendo derechos laborales básicos como la seguridad social, las vacaciones pagas o la negociación colectiva.

De avanzar en el Congreso, la propuesta obligará a un intenso debate sobre el futuro del trabajo digital en Argentina y los límites entre flexibilidad e informalidad.