
El Senado dejó firme hoy la ley emergencia en material de Discapacidad que establece que se deberán cancelar deudas con prestadores y las pensiones.
El Ejecutivo estudia alternativas legales para solicitar copias de los expedientes que la policía retiró en los primeros allanamientos.
PolíticaEl Gobierno advierte que la auditoría en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se demorará porque la Justicia incautó documentos clave. Se trata de facturas de compras del organismo que fueron retiradas luego del primer allanamiento a sus sedes principales, que están vinculadas con la adquisición de medicamentos a distintas droguerías.
Son compras que no están registradas en portales públicos y que fueron ejecutadas sin trazabilidad de la administración del Ministerio de Salud. Es por eso que el Ejecutivo estudia distintas alternativas legales para solicitarle a la Justicia copias de los expedientes. “El Estado no forma parte de la causa. Estamos viendo la figura bajo la cual pedirlo”, agregan.
Los equipos técnicos del interventor de la agencia, Alberto Vilches, le pidieron además a la Policía de la Ciudad que no se lleve más documentación junto a servidores en la segunda tanda de allanamientos que se realizaron el viernes. Luego, acercaron posiciones y acordaron realizar copias. Es la razón por la que los auditores comenzaron a revisar los procesos de compra recién este lunes.
En la Casa Rosada esperan que el sumario dentro de la ANDIS dure como máximo seis meses y que los resultados de la auditoría estén a mediados de octubre. Según pudo saber TN, el gabinete todavía no tiene información sobre el detalle de los contratos del organismo con la droguería Suizo Argentina y sospecha que el procedimiento utilizado fueron diferentes compulas de precios.
El Gobierno sospecha que hubo sobreprecios en las compras de la Agencia de Discapacidad, pero desmiente las versiones sobre los primeros datos preliminares de la auditoría, que apuntan a un 27% de incremento del precio de un mismo producto en dos instancias cercanas. “No hay forma de que esos números hayan salido de la auditoría porque todavía no había arrancado”, expresan en Nación.
El Ejecutivo también puso la mira sobre la estructura de la ANDIS, que cuenta con 921 empleados y tiene adjudicado un presupuesto de $3,74 billones. Según datos del Ministerio de Economía, $3,1 billones se derivan a gastos de “seguridad social”, $556.054,96 millones a “salud” y $5300 millones a “promoción y asistencia”.
La Casa Rosada asegura que por el momento no desplazará a ningún funcionario del organismo, más allá del extitular Diego Spagnuolo y del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini. Definirá nuevos cambios en la estructura interna luego de centralizar la agencia y de que sus procesos dependan directamente del Ministerio de Salud.
“Queremos que las compras se hagan directo a los laboratorios para conseguir el descuento que les dan a las droguerías”, agregan en el oficialismo. La tercera parte de la auditoría abarca a las pensiones por invalidez que fueron derogadas en los últimos meses. En Balcarce 50 tienen indicios de que hubo irregularidades en algunos procesos.
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