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Presunto fraude con terrenos: los seis imputados seguirán en libertad, pese al pedido de Fiscalía
Pese al pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, los acusados por la supuesta estafa con la venta de terrenos fiscales permanecerán en libertad mientras avanza la investigación.
Diario Móvil
El caso de la supuesta estafa con la venta de terrenos del Estado en el loteo Vista al Cerro, en Rawson, tuvo una actualización clave durante la audiencia concretada este miércoles. La jueza de Garantías, Mabel Moya, determinó que los seis imputados en la causa permanezcan en libertad durante un año, el tiempo que durará la investigación. Esta decisión se tomó a pesar de que el fiscal Duilio Ejarque había solicitado cuatro meses de prisión preventiva para dos de los imputados: los hermanos José Alberto y Martín Gastón Díaz.
Aunque no dictó prisión, la jueza sí ordenó el embargo de las cuentas de los imputados. La medida busca garantizar que, de encontrarse culpables, puedan resarcir a las 42 personas que compraron de buena fe los terrenos. La denuncia, presentada por el Ministerio de Producción de Provincia, apunta a los seis investigados por los delitos de estafa reiterada, asociación ilícita y usurpación. Los supuestos responsables son José Alberto, Oscar y Martín Gastón Díaz, Víctor Javier Dávila, Estela Juana Capelli y Alexiana Díaz.
El caso se centra en el Lote N.º 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, un terreno de propiedad estatal con uso exclusivamente agrícola. Sin embargo, en el lugar se realizó un loteo, se vendieron los terrenos y posteriormente se construyeron viviendas con piletas y quinchos. La investigación de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas reveló que los terrenos fueron vendidos a 42 familias por personas que no tenían derecho legal sobre ellos.
Una de las principales irregularidades es la participación de Estela Juana Capelli, quien habría vendido el terreno a los Díaz, alegando ser la única heredera del adjudicatario original, un hombre que falleció en 1994 y que, según los registros oficiales, nunca fue dueño del lote. El terreno fue adjudicado legalmente a otra persona en 1997, quien lo tuvo hasta 2014. Es decir, las 48 familias que hoy ocupan el predio adquirieron sus lotes de personas sin ningún derecho legal de venta.
Esta decisión judicial marca un nuevo rumbo en la investigación y genera expectativa sobre el futuro del caso y la situación de las familias afectadas.
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