Crece el escándalo por estafas con viviendas en el barrio Textil: ya suman casi 80 denuncias

El caso por presunta estafa en la construcción y venta de viviendas en los barrios Nogales VII y Textil II sigue creciendo y ya acumula casi 80 denuncias formales. La causa tiene hasta el momento a tres personas detenidas con prisión preventiva: el empresario Miguel Aciar, titular de la firma DGA Ingeniería y Servicios SRL; el jefe del sindicato de la Unión Obrera Textil, Hipólito Roberto Vega; y el constructor Francisco Fernández Muñoz, de la empresa Afcom SRL.

La jueza Celia Maldonado de Álvarez dictó prisión preventiva por 20 días para Aciar, quien se encuentra alojado en la Subcomisaría de Médano de Oro. En tanto, los otros dos imputados permanecen detenidos en distintas dependencias policiales.

De acuerdo a la investigación que lleva adelante el fiscal Francisco Ejarque, el caso comenzó con 12 denuncias, pero ya se formalizaron 35 en el barrio Nogales VII y 32 en el barrio Textil II. “Estamos constantemente recibiendo denuncias. Hemos tenido que establecer un cronograma para organizar la recepción de las mismas”, explicó el fiscal en diálogo con DIARIO MÓVIL.

Uno de los puntos más llamativos del expediente es que Aciar, según la fiscalía, nunca pagó al propietario del terreno donde iba a desarrollarse el barrio Nogales VII, pese a haberse comprometido a abonar 1.080.000 dólares por casi 33 hectáreas. A pesar de ello, comenzó a vender lotes sin contar con la titularidad del predio y sin que el mismo fuera cedido al Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), entidad que supuestamente financiaría el proyecto.

“En una de las denuncias del barrio Textil II se agrupa un total de 48 damnificados”, detalló Ejarque. Además, agregó que aunque hubo un intento parcial de reparación por parte del imputado Vega, “no se concretó una devolución integral de los valores comprometidos”.

Otro dato que surge de la causa es que a comienzos de 2025, Aciar notificó a los compradores de que no se había podido adquirir el terreno original, y ofreció mudar el proyecto a otro lugar. También prometió devolver el dinero a quienes no aceptaran el cambio, pero esa devolución nunca se materializó.

La jueza dispuso además el embargo de cuentas bancarias y la inhibición de bienes de Miguel Aciar, su esposa y sus tres hijos, como parte de las medidas cautelares. Por su parte, la defensa del empresario, a cargo de la abogada Andrea Román, pidió la excarcelación argumentando que “Aciar necesita continuar con el desarrollo de los proyectos y no se ensucie su nombre”. También sostuvo que se trata de un incumplimiento contractual y que debería tramitarse en el fuero civil, no penal.

Los tres imputados continúan detenidos. Según el fiscal, algunos de ellos declararon y, en su defensa, intentaron desligarse de las responsabilidades. “Fernández y Aciar se echaron culpas mutuamente, pero no aportaron mucho más que cuestiones personales”, explicó Ejarque.

La figura legal que se investiga es la de estafa reiterada. “La pena prevista es de uno a seis años de prisión, pero al estar hablando de múltiples hechos, los máximos pueden incrementarse”, explicó el fiscal. Aún se esperan más denuncias y pruebas documentales por parte de los afectados, por lo que no se descarta la imputación de nuevas personas.

“El objetivo es determinar el perjuicio patrimonial total y cuántos damnificados hay realmente”, concluyó Ejarque.