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El Tribunal de Cuentas notificó al exintendente Armando Sánchez y a varios exfuncionarios por presuntas irregularidades durante el ejercicio 2023.
PolíticaEl Tribunal de Cuentas de la provincia formuló 25 cargos contra el exintendente de Pocito, Armando Sánchez, y parte de los integrantes de su gestión por presuntas inconsistencias administrativas detectadas tras el análisis del ejercicio económico correspondiente al año 2023. Las observaciones, que en total involucran fondos por cerca de 120 millones de pesos, ya fueron notificadas a los exfuncionarios, quienes ahora cuentan con un plazo legal para presentar documentación respaldatoria y efectuar sus descargos.
Entre las imputaciones, figura una adenda al contrato con la empresa Hormigones de Cuyo para repavimentar un tramo de calle Maurín, entre calles 7 y 10. Según consta en la resolución, no se presentó la base de cálculo para la redeterminación de precios y se autorizó un pago de casi 50 millones de pesos sin documentación técnica que acredite la ejecución de los trabajos. Este cargo alcanza al exintendente, al entonces secretario de Administración y Hacienda, Claudio Collado Moll, y al exsecretario de Obras y Servicios Públicos, José Luis Martín.
Otra de las observaciones está relacionada con la adquisición e instalación de juegos infantiles y elementos deportivos en espacios públicos, para lo cual se contrataron en forma directa a las firmas Hormigones de Cuyo, Yohmelju y Bulk SAS. El Tribunal señaló la falta de contratos formales y facturas debidamente conformadas, pese a que se autorizaron pagos por casi 16 millones de pesos. Además de Sánchez y Collado Moll, en esta operatoria fueron imputados la exsecretaria de Acción Social, Lucía Altamirano, y el exdirector de Deportes.
En el informe también se incluye un cargo por más de 9 millones de pesos correspondiente a tareas de limpieza y riego llevadas a cabo durante seis meses. La auditoría no halló documentación que avale los servicios prestados, ni contratos firmados con los beneficiarios, ni facturación certificada. Las responsabilidades señaladas por este punto recaen en Sánchez, Collado Moll y Martín.
Además, se detectaron inconsistencias en una contratación con la empresa Más Negocios para la provisión de materiales y mano de obra para renovar espacios verdes. El gasto, cercano a los 6 millones de pesos, no cuenta con constancias de recepción ni con facturas aprobadas.
La revisión fue realizada por el Tribunal de Cuentas como parte del procedimiento de control habitual que se aplica sobre municipios, organismos descentralizados y reparticiones del Ejecutivo. En este caso, se trató del análisis del último año de gestión de Sánchez en Pocito, quien concluyó su mandato en diciembre de 2023. Desde ese momento, el departamento es gobernado por Fabián Aballay.
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