Según su defensa, fue “ilegal y autoritario” que le hayan sacado los haberes mensuales que percibía por haber sido presidenta y como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.
Deudas de la Nación: la Corte falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis
Nacionales
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Es por dos reclamos sobre deducciones que la Nación realiza a impuestos coparticipables. Obliga a resolver en un plazo máximo de 120 días la forma de devolución del dinero retenido. Se trata de unos 11.500 millones anuales más otros 45.000 millones acumulados desde 2006 y que se deben actualizar.
La Corte Suprema le ordenó al gobierno "devolver a las provincias" las sumas de dinero que le viene descontando como un porcentaje adicional de los fondos coparticipables (los impuestos que se recaudan en todo el país y se reparten entre los Estados provinciales) para financiar a la ANSES. Se trata de "la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional" desde el gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, la Corte entendió que hasta 2006 las provincias estaban de acuerdo con ese mecanismo, pero ese año dejaron de estarlo o, cuanto menos, no lo manifestaron expresamente.
La decisión fue tomada en el acuerdo que celebró ayer el máximo tribunal, apenas un rato antes de un brindis de fin de año con periodistas y empresarios de medios de comunicación. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, anunció la decisión en su discurso.
El fallo dispone, concretamente, la devolución de las sumas retenidas "indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan". La Corte no hizo el cálculo de cuánto dinero es; de hecho, los ministros presentes en el ágape (Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) no pudieron cuantificar la cifra.
La ejecución de la resolución del conflicto quedará para el próximo gobierno. La Corte fijó un plazo de 120 días para que el Estado nacional y las provincias "acuerden la forma y plazos en que se reintegrarán las sumas debidas". Si no hay acuerdo, la propia Corte se pondrá a hacer cuentas. El fallo advierte que "en caso de incumplimiento, la determinará el Tribunal en la etapa de ejecución de sentencia". Como se trata de un "juicio originario", en el que la Corte interviene como instancia única, dentro de cuatro meses estará en condiciones de ordenar cuánto y cuándo debe pagar el Estado nacional a cada provincia.
La Corte frenó la aplicación actual de esa deducción de los impuestos coparticipables. "Con carácter de medida cautelar", el tribunal dispuso que se "suspendan de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a la Provincia de Córdoba". Además de este, la provincia mediterránea tiene otros reclamos contra el Estado nacional vinculado con fondos coparticipables.
Esa forma de financiamiento de la ANSES "fue originalmente pactada en la cláusula primera del ‘Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales’ del 12 de agosto de 1992 -ratificado por la ley nacional 24.130- y prorrogada sucesivamente mediante diversos Pactos intrafederales de la misma naturaleza". Para el tribunal, esos pactos implicaban la aceptación expresa de las provincias. Pero "una vez vencidos esos compromisos, el Estado Nacional extendió a partir del 1° de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la ley 26.078", la Ley de Presupuesto de ese año. El artículo 76 prorrogó "la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, la distribución del producido de los tributos prevista en las Leyes" que tuvieron su origen en el gobierno de Menem.
Ese artículo fue declarado inconstitucional. Para la sanción de una ley deben intervenir los representantes del pueblo (Cámara de Diputados) y de las provincias (Senado). Sin embargo, el máximo tribunal consideró que hubo "ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de las provincias", lo que "invalida a esa norma dictada por el Congreso".
La Corte también hizo hincapié en una vieja deuda de los sucesivos congresos y gobiernos desde la reforma constitucional de 1994. La Carta Magna obligaba a la sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal, pero "a casi 20 años desde la fecha fijada", no existe tal normativa. Entonces exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso "a que asuman su rol institucional como coordinadores del sistema federal de concertación y formulen las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar el tan demorado sistema de coparticipación federal".
En el mismo contexto, la Corte dejó sin efecto un decreto de 2001, firmado en las postrimerías del frustrado gobierno de Fernando De la Rúa, que establecía una deducción de recursos coparticipables del orden del 1,9% de los tributos y de los recursos para financiar la operatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Tampoco allí hubo acuerdo de las provincias, pero en ese caso se trató de un decreto y no de una ley. El fallo subraya que el decreto firmado durante el gobierno de la Alianza no fue avalado por el Congreso. Y el Poder Ejecutivo tiene vedada por la Constitución la facultad de "establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables". «
Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia respecto de la devolución retroactiva implicará un fuerte costo fiscal para el próximo gobierno, que deberá negociar en 120 días la forma de pago del 15% de la coparticipación para Sante Fe, Córdoba y San Luis. Según un estudio de la consultora Economía y Regiones, encabezada por el referente económico de Cambiemos, Rogelio Frigerio, la Nación debería entregarle $ 363.000 millones a todas las provincias, si realizan el reclamo. Por otro lado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que el monto actualizado de los reclamos es de $89.244 millones entre las tres Provincias.
Pero no sólo tendrá un efecto negativo por el monto acumulado, sino por el desfinanciamiento de los recursos de la Administración Nacional de Seguridad Social. Entre las 24 jurisdicciones, el acumulado de 2015 es $ 60.391 millones, un 12,34% del total de las prestaciones previsionales previstas por el Presupuesto 2016. Esto dificultará el pago de las jubilaciones y las asignaciones, y limitará los aumentos previsionales según la Ley de Movilidad Jubilatoria, dado que la recaudación es parte de la fórmula utilizada.
En tanto, esto implicará mayores ingresos a las provincias. El gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota, sostuvo que “se hizo justicia y este es un triunfo de Córdoba”, mientras que el de Santa Fe, Antonio Bonfatti, declaró que “hoy es un día bisagra para el federalismo en la República Argentina”. El gobernador electo de Santa Fe, Miguel Lifschitz, opinó que entrarán a su provincia unos $ 500 millones por mes y agregó: “es un fallo histórico, no es común que un conflicto entre las provincias con la Nación se dirima en la Corte y mucho menos que termine fijando posición en el tema”.
Fuente: Tiempo Argentino.-
La Corte Suprema le ordenó al gobierno "devolver a las provincias" las sumas de dinero que le viene descontando como un porcentaje adicional de los fondos coparticipables (los impuestos que se recaudan en todo el país y se reparten entre los Estados provinciales) para financiar a la ANSES. Se trata de "la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado Nacional" desde el gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, la Corte entendió que hasta 2006 las provincias estaban de acuerdo con ese mecanismo, pero ese año dejaron de estarlo o, cuanto menos, no lo manifestaron expresamente.
La decisión fue tomada en el acuerdo que celebró ayer el máximo tribunal, apenas un rato antes de un brindis de fin de año con periodistas y empresarios de medios de comunicación. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, anunció la decisión en su discurso.
El fallo dispone, concretamente, la devolución de las sumas retenidas "indebidamente desde el 1° de enero de 2006 más los intereses que correspondan". La Corte no hizo el cálculo de cuánto dinero es; de hecho, los ministros presentes en el ágape (Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) no pudieron cuantificar la cifra.
La ejecución de la resolución del conflicto quedará para el próximo gobierno. La Corte fijó un plazo de 120 días para que el Estado nacional y las provincias "acuerden la forma y plazos en que se reintegrarán las sumas debidas". Si no hay acuerdo, la propia Corte se pondrá a hacer cuentas. El fallo advierte que "en caso de incumplimiento, la determinará el Tribunal en la etapa de ejecución de sentencia". Como se trata de un "juicio originario", en el que la Corte interviene como instancia única, dentro de cuatro meses estará en condiciones de ordenar cuánto y cuándo debe pagar el Estado nacional a cada provincia.
La Corte frenó la aplicación actual de esa deducción de los impuestos coparticipables. "Con carácter de medida cautelar", el tribunal dispuso que se "suspendan de manera inmediata los descuentos que se le efectúan a la Provincia de Córdoba". Además de este, la provincia mediterránea tiene otros reclamos contra el Estado nacional vinculado con fondos coparticipables.
La controversia giró en torno a la deducción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que realiza el Estado nacional.
Esa forma de financiamiento de la ANSES "fue originalmente pactada en la cláusula primera del ‘Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales’ del 12 de agosto de 1992 -ratificado por la ley nacional 24.130- y prorrogada sucesivamente mediante diversos Pactos intrafederales de la misma naturaleza". Para el tribunal, esos pactos implicaban la aceptación expresa de las provincias. Pero "una vez vencidos esos compromisos, el Estado Nacional extendió a partir del 1° de enero de 2006 el plazo de esa deducción de manera unilateral mediante el dictado de la ley 26.078", la Ley de Presupuesto de ese año. El artículo 76 prorrogó "la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece la Constitución Nacional, lo que ocurra primero, la distribución del producido de los tributos prevista en las Leyes" que tuvieron su origen en el gobierno de Menem.
Ese artículo fue declarado inconstitucional. Para la sanción de una ley deben intervenir los representantes del pueblo (Cámara de Diputados) y de las provincias (Senado). Sin embargo, el máximo tribunal consideró que hubo "ausencia de manifestación de acuerdo o adhesión a ese régimen por parte de las provincias", lo que "invalida a esa norma dictada por el Congreso".
La Corte también hizo hincapié en una vieja deuda de los sucesivos congresos y gobiernos desde la reforma constitucional de 1994. La Carta Magna obligaba a la sanción de una nueva ley de Coparticipación Federal, pero "a casi 20 años desde la fecha fijada", no existe tal normativa. Entonces exhortó al Poder Ejecutivo y al Congreso "a que asuman su rol institucional como coordinadores del sistema federal de concertación y formulen las convocatorias pertinentes con el objetivo de elaborar e implementar el tan demorado sistema de coparticipación federal".
En el mismo contexto, la Corte dejó sin efecto un decreto de 2001, firmado en las postrimerías del frustrado gobierno de Fernando De la Rúa, que establecía una deducción de recursos coparticipables del orden del 1,9% de los tributos y de los recursos para financiar la operatoria de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Tampoco allí hubo acuerdo de las provincias, pero en ese caso se trató de un decreto y no de una ley. El fallo subraya que el decreto firmado durante el gobierno de la Alianza no fue avalado por el Congreso. Y el Poder Ejecutivo tiene vedada por la Constitución la facultad de "establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables". «
Los reclamos actualizados sumarían 90.000 millones de pesos.
Las decisiones de la Corte Suprema de Justicia respecto de la devolución retroactiva implicará un fuerte costo fiscal para el próximo gobierno, que deberá negociar en 120 días la forma de pago del 15% de la coparticipación para Sante Fe, Córdoba y San Luis. Según un estudio de la consultora Economía y Regiones, encabezada por el referente económico de Cambiemos, Rogelio Frigerio, la Nación debería entregarle $ 363.000 millones a todas las provincias, si realizan el reclamo. Por otro lado, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que el monto actualizado de los reclamos es de $89.244 millones entre las tres Provincias.
Pero no sólo tendrá un efecto negativo por el monto acumulado, sino por el desfinanciamiento de los recursos de la Administración Nacional de Seguridad Social. Entre las 24 jurisdicciones, el acumulado de 2015 es $ 60.391 millones, un 12,34% del total de las prestaciones previsionales previstas por el Presupuesto 2016. Esto dificultará el pago de las jubilaciones y las asignaciones, y limitará los aumentos previsionales según la Ley de Movilidad Jubilatoria, dado que la recaudación es parte de la fórmula utilizada.
En tanto, esto implicará mayores ingresos a las provincias. El gobernador de Córdoba, José Manuel De La Sota, sostuvo que “se hizo justicia y este es un triunfo de Córdoba”, mientras que el de Santa Fe, Antonio Bonfatti, declaró que “hoy es un día bisagra para el federalismo en la República Argentina”. El gobernador electo de Santa Fe, Miguel Lifschitz, opinó que entrarán a su provincia unos $ 500 millones por mes y agregó: “es un fallo histórico, no es común que un conflicto entre las provincias con la Nación se dirima en la Corte y mucho menos que termine fijando posición en el tema”.
Fuente: Tiempo Argentino.-
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