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El IPV trabaja para acortar los plazos legales de recuperación de viviendas desocupadas, buscando evitar la ocupación irregular y garantizar que las viviendas lleguen a quienes las necesitan.
San JuanElina Peralta, directora del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), detalló en su reciente entrevista con DIARIO MÓVILque el organismo está realizando esfuerzos para reducir los plazos legales en el proceso de recuperación de viviendas desocupadas. Esto es parte de una estrategia para evitar la ocupación irregular, un fenómeno que ha aumentado en algunos sectores de la provincia debido a la demora en la adjudicación y ocupación efectiva de las viviendas.
“Lo que nos hemos encontrado en muchos casos es que las viviendas que han sido adjudicadas permanecen desocupadas por largos periodos, y esto genera un problema serio porque, con el tiempo, puede llevar a la ocupación irregular de esas propiedades”, explicó Peralta. En este sentido, el IPV está trabajando en conjunto con el gobierno provincial para evaluar alternativas que permitan reducir el tiempo necesario para recuperar una vivienda vacía.
“Estamos evaluando cómo podemos reducir los tiempos legales. Sabemos que mientras más tiempo pasa, más difícil es garantizar que la vivienda no termine siendo ocupada de manera irregular. Hay que entender que las viviendas deben ser ocupadas por las familias adjudicatarias, y estamos trabajando en una reforma de los plazos para hacerlo más eficiente y efectivo”, dijo Peralta, refiriéndose a las medidas que están en discusión con los responsables legales del proceso.
Según la directora del IPV, esta demora no solo afecta a las familias que podrían beneficiarse de estas viviendas, sino que también lleva a situaciones complicadas en las que otros, que no han sido adjudicados, terminan ocupando las casas de manera ilegal. “La ocupación irregular es una realidad que hemos tenido que afrontar. En muchos casos, las familias adjudicatarias no se instalan en sus viviendas dentro del tiempo esperado, lo que hace que algunas de ellas sean ocupadas por otras personas, creando un conflicto que no solo es legal, sino también socialmente delicado”, señaló Peralta.
El Instituto está aplicando un enfoque más directo en este proceso, implementando controles más rigurosos y un seguimiento más estricto para asegurar que las viviendas sean ocupadas por quienes realmente tienen derecho a ellas. "Estamos trabajando desde lo legal para poder agilizar estos trámites. Es nuestra prioridad recuperar estas viviendas lo más rápido posible y garantizar que no queden vacías", remarcó.
Además, destacó que el IPV se encuentra en una etapa de revisión con la Cámara de Diputados para abordar la modificación de la normativa que regula la ocupación de viviendas desocupadas. “Sí, es posible que se necesite pasar por la Cámara de Diputados. Es algo que está en evaluación, porque creemos que el proceso legal necesita ser más eficiente. La situación no puede seguir como está, con tantas casas vacías esperando a ser ocupadas por las familias adjudicatarias”, explicó.
Por otro lado, Peralta hizo hincapié en la importancia de que los adjudicatarios respeten las condiciones de ocupación. “Es fundamental que las familias que han recibido la vivienda no la alquilen ni la presten, ya que eso puede generar revocación de la adjudicación, según lo estipulado por la ley”, advirtió.
Además, comentó que el IPV está dispuesto a tomar medidas más severas en caso de detectar irregularidades. “Si se detecta que el adjudicatario no está ocupando la vivienda o está permitiendo que otra persona lo haga sin permiso, se procederá a la revocación de la adjudicación. Esto es parte de lo que establece la normativa vigente, y es crucial para que se cumpla con el objetivo de dar viviendas a quienes realmente las necesitan”, finalizó Peralta.
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