
Oscar Rubén Bravo, de 54 años, falleció este miércoles por la noche en la intersección de Saturnino Sarassa y Abraham Tapia, frente a una verdulería.
La Corte Suprema confirmó la condena a CFK y ordenó la restitución de $84.000 millones al Estado. Con esa suma, podrían construirse casi 50 hospitales departamentales como el de Angaco en San Juan.
La reciente confirmación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la condena por corrupción a Cristina Fernández de Kirchner reabre el debate sobre el impacto real que tienen los desvíos de fondos públicos. La expresidenta fue hallada culpable por direccionar la obra pública vial a favor del empresario Lázaro Báez durante sus mandatos y deberá enfrentar una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, la Justicia ordenó el decomiso de una suma cercana a los 84.000 millones de pesos, considerados producto de maniobras fraudulentas.
Más allá de la dimensión política y judicial del caso, el monto involucrado permite hacer comparaciones concretas sobre lo que podría haberse hecho con ese dinero en áreas sensibles como la salud pública.
Un ejemplo elocuente se encuentra en San Juan, donde el Hospital Alfredo Rizo Esparza, en el departamento de Angaco, comenzó a construirse en 2023 y fue reactivado con fuerza bajo la actual gestión del gobernador Marcelo Orrego.
Este hospital de complejidad intermedia (Nivel II) representa un modelo de infraestructura sanitaria clave para zonas alejadas de los grandes centros urbanos. Con una superficie cubierta cercana a los 5.000 metros cuadrados, el nosocomio ofrecerá atención ambulatoria, guardia de urgencia, diagnóstico por imágenes, laboratorio, internación, área quirúrgica, farmacia, esterilización, tratamientos físicos, administración y otros servicios esenciales. El presupuesto asignado para su ejecución asciende a 1.720 millones de pesos.
En ese marco, tomando como base el costo real del Hospital de Angaco, el monto que Cristina Kirchner debe restituir por corrupción permitiría construir casi 49 hospitales similares en distintas localidades de San Juan o del país.
Es decir, la restitución ordenada judicialmente equivale a la posibilidad concreta de dotar a casi 50 departamentos o regiones del interior argentino con centros de salud de alta funcionalidad, que podrían transformar la calidad de vida de miles de personas.
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