Tras los llamadas por amenazas, Educación trabajará en las escuelas para crear conciencia

Ante la aparición de amenazas falsas de bomba en algunas escuelas de la provincia, el Ministerio de Educación decidió reforzar las estrategias de intervención pedagógica con el objetivo de generar conciencia entre los estudiantes. “Cuando aparece en la escuela, toda situación de conflicto para nosotros es una oportunidad para educar”, afirmó Luis Lucero, director de Gabinetes Técnicos Interdisciplinarios, quien explicó que están trabajando en distintas líneas de acción para abordar el problema desde la propia dinámica escolar.

El funcionario detalló que uno de los caminos propuestos es activar el Acuerdo Escolar de Convivencia, el conjunto de normas internas de cada escuela que regulan la vida institucional. “Sugerimos trabajar al interior de la escuela con las reglas que ya existen para abordar estos episodios desde una mirada formativa”, dijo. En paralelo, se busca abrir espacios de reflexión dentro de materias como Formación Ética, Formación Ciudadana y Tutoría. “La idea es que los chicos se pregunten qué pasaría si hicieran esto en su vida adulta. ¿Qué consecuencias tendría una falsa denuncia, una falsa alerta? Que puedan entender que las fuerzas de seguridad están para cuidarnos y que se pone en marcha un operativo real cada vez que ocurre una situación como esta”, explicó Lucero.

También hizo hincapié en la necesidad de que las familias acompañen este proceso: “Pedimos el apoyo de la familia, que en la mesa familiar se pueda dialogar y se pueda tomar conciencia. Necesitamos que escuela y hogar vayamos con el mismo mensaje”.

En la última semana, San Juan fue escenario de al menos cuatro incidentes que obligaron a activar los protocolos de evacuación. Entre ellos se cuentan llamados falsos que afectaron al Hospital Guillermo Rawson, la Escuela Eugenia Belín Sarmiento en Rawson, el Centro Cívico y otras instituciones educativas con nombres similares como Antonio De la Torre y Antonio Torres, ubicadas en Capital y Rawson. “Cada operativo implica una inversión importante de recursos humanos y materiales. El costo operativo por cada amenaza supera los tres millones de pesos”, advirtió el secretario de Seguridad, Enrique Delgado. Según explicó, esa cifra incluye la movilización de efectivos, móviles, equipamiento y tecnología, que deben desplegarse aunque luego se determine que se trató de una falsa alarma.

Delgado confirmó además que la provincia busca avanzar en un mecanismo para recuperar esos fondos. “Estamos trabajando para que ese gasto lo asuma quien generó la amenaza. Si es mayor de edad, se le cobrará directamente. Si es menor, la responsabilidad será de sus padres. El mecanismo todavía se está definiendo, pero puede darse por vía penal o administrativa”, indicó.

La Justicia ya logró identificar a los responsables de algunos de los llamados. En el caso del Hospital Rawson, una llamada realizada por una voz femenina fue rastreada hasta el interior del edificio. “La titular de la línea es una bioquímica residente que declaró que su celular había sido hackeado”, detalló Delgado. En otro hecho ocurrido en el Centro Cívico de Iglesia, la investigación llevó a una vivienda donde la madre reconoció la voz de su hijo de 13 años como la autora de la amenaza. Según confirmó el funcionario, en la mayoría de los casos recientes los responsables han sido menores de edad, aunque hubo una excepción.

“No es una broma. Es un delito. Y tiene consecuencias”, remarcó el secretario de Seguridad. Aunque la pena penal pueda no ser elevada, las autoridades insisten en que el daño producido es real, especialmente si se trata de servicios esenciales como un hospital. Por eso, además del intento de reparación económica, se está organizando una campaña de concientización para implementar en las escuelas, en conjunto con el Ministerio de Educación. “Queremos que los chicos entiendan el impacto que esto genera, no solo en términos económicos sino en la vida de toda la comunidad. Que vean que no es algo sin consecuencias”, concluyó Delgado.