Qué dice el fallo de Casación que confirmó la condena a Cristina Kirchner

Este martes, la Corte Suprema desestimó los recursos de CFK y dejó firme lo decidido por el máximo tribunal penal del país

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El 13 de noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa conocida como “Vialidad”. Fue hallada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por irregularidades en la asignación de obra pública al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

La resolución fue adoptada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, mientras que el juez Gustavo Hornos votó en disidencia, solicitando además se le impute el delito de asociación ilícita.

También fueron confirmadas las condenas de otros funcionarios y empresarios involucrados:

Lázaro Báez: 6 años de prisión.
José Francisco López (exsecretario de Obras Públicas): 6 años.
Nelson Periotti (exdirector de Vialidad Nacional): 6 años.
Juan Carlos Villafañe: 5 años.
Raúl Gilberto Pavesi: 4 años y 6 meses.
José Raúl Santibáñez: 4 años.
Mauricio Collareda: 4 años.
Raúl Osvaldo Daruich: 3 años y 6 meses.
Fueron confirmadas las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner, en este último caso por prescripción.

La Corte Suprema, el martes 10 de junio de 2025, desestimó los recursos de queja presentados por la defensa de Fernández de Kirchner, dejando firme la condena. En consecuencia, la ex mandataria deberá cumplir arresto domiciliario y no podrá postularse a cargos públicos, como por ejemplo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la Cámara homologó el decomiso de bienes por un monto estimado en $84.835.227.378,04, que será actualizado conforme a lo dispuesto por el Código Penal al momento de ejecución de la sentencia.

La investigación acreditó que entre 2003 y 2015, funcionarios nacionales y provinciales, junto al empresario Báez, simularon competencia en licitaciones, adjudicando contratos de manera sistemática a empresas del entorno de Báez, sin sanciones por incumplimientos y con tratos preferenciales en pagos. Uno de los elementos considerados fue el decreto 54/2009, que centralizó fondos viales bajo la Dirección Nacional de Vialidad.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que llevará la causa ante tribunales internacionales, denunciando persecución política.

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