El Gobierno disuelve el Procrear y transfiere la gestión de créditos al sector privado

El Gobierno nacional oficializó la disolución del programa Pro.Cre.Ar, creado para facilitar el acceso a la vivienda única familiar, y transfirió la administración de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A., una entidad privada. La medida se formalizó mediante la Resolución 764/2025 del Ministerio de Economía, publicada hoy en el Boletín Oficial.

Este paso da cumplimiento al Decreto 1018/2024, que justificó la decisión en la necesidad de aliviar las cuentas públicas y en las dificultades de fiscalización y ejecución del programa. Según los argumentos del Ejecutivo, la financiación de viviendas debería recaer en la banca comercial, no en el Estado.

Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) respaldó esta decisión al detectar múltiples irregularidades: demoras en la entrega de viviendas, deficiencias de habitabilidad, falta de actualización de procedimientos y convenios incumplidos, como el suscripto con la UTN. La SIGEN concluyó que la gestión del Procrear no fue "transparente ni eficiente".

La disolución se enmarca en la Ley N° 27.742 que otorga al Ejecutivo la facultad de modificar o eliminar fondos fiduciarios públicos con el objetivo de reducir el tamaño del Estado y ordenar las finanzas.

Qué pasa con los créditos ya otorgados

Aunque el fondo se elimina, los créditos vigentes seguirán siendo gestionados por el Banco Hipotecario S.A. bajo las condiciones del contrato de fideicomiso original de 2012. El banco también podrá vender carteras de créditos con bajo nivel de recupero (menos del 40%).

La Dirección Nacional de Normalización Patrimonial será responsable de supervisar este proceso y administrar los activos del fondo, incluyendo la posible transferencia de inmuebles a provincias, municipios u organismos públicos. En caso de que esos inmuebles hayan sido aportados por gobiernos locales, se permitirá su restitución.

Los bienes sin uso asignado y que no formen parte de obras en curso pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mediante convenios con el Banco Hipotecario y la Secretaría de Obras Públicas.

Los fondos obtenidos por el cobro de créditos o la venta de inmuebles serán utilizados para saldar deudas pendientes, respetando el orden previsto en el fideicomiso original.

Las causas judiciales vinculadas al programa disuelto quedarán a cargo del servicio jurídico del Ministerio de Economía.