Penas ejemplares y el cobro del costo de los operativos para quienes realizan falsas denuncias

Luego de los hechos que pusieron en alerta a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial de San Juan, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, brindó declaraciones públicas sobre el impacto de las amenazas de bomba registradas esta semana, primero en el Hospital Rawson y luego en varios establecimientos educativos. En ambos casos, se activó el protocolo correspondiente y se logró identificar los dispositivos desde los cuales se realizaron los llamados, según confirmó el funcionario.

“Desde el punto de vista de la Secretaría de Seguridad, lo importante es que la Policía actuó en tiempo eficiente y corto, determinando el lugar del llamado, el dispositivo utilizado y el titular de la línea”, explicó Delgado, quien remarcó que, en el caso de las escuelas, se trató de menores de edad. Esas actuaciones fueron puestas a disposición del Ministerio Público Fiscal, que instruye las investigaciones a través de las distintas unidades fiscales.

El funcionario detalló que este tipo de amenazas —aun cuando se trate de falsas alarmas— tienen consecuencias penales. “La medida especial es el procedimiento judicial. Esto puede recaer en una condena de dos a seis años, que será determinada por el Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías”, señaló.

Sobre el caso puntual del Hospital Rawson, donde fue detenida y luego liberada una profesional de la salud, Delgado evitó especular y recordó que la causa está en manos de la Justicia. La defensa de la mujer sugirió que su teléfono pudo haber sido hackeado, lo que aún deberá comprobarse. “Nosotros cumplimos con nuestro trabajo desde CISEM y la Policía. Ahora el Ministerio Público Fiscal tiene todas las herramientas para investigar y resolver si le corresponde o no la responsabilidad”, indicó.

Consultado por el costo económico que implican estos operativos de emergencia, el secretario sostuvo que si bien aún no tienen el monto exacto, la Provincia se encuentra evaluando el gasto. “Es importante que la sociedad sepa lo que implica una falsa denuncia. Vamos a comunicar el costo y a partir de ahí evaluar todo el procedimiento para ver si se efectiviza la recuperación de ese gasto. En caso de tratarse de menores, deberán responder sus padres”, advirtió.

Además, planteó que sería deseable avanzar en una legislación que contemple estas situaciones. “Le pedimos a los legisladores de la Cámara de Diputados que puedan legislar y que esto sea punible. También resarcible”, añadió.

Las declaraciones de Delgado se producen en un contexto de creciente preocupación por este tipo de episodios. El martes por la mañana, el Hospital Rawson debió ser evacuado parcialmente tras un llamado anónimo que advertía la colocación de un artefacto explosivo. Al día siguiente, una situación similar afectó a tres escuelas, entre ellas la Antonio Torres, donde también se activaron las medidas de seguridad y se evacuó al alumnado.