Crearán un nuevo control fronterizo con Mendoza y eliminan el puesto de San Carlos

En el marco de un convenio interprovincial rubricado en 2023, los gobiernos de San Juan, Mendoza y San Luis comenzaron a dar forma a un sistema conjunto de seguridad en zonas limítrofes. Como resultado de este acuerdo, se confirmó que el actual puesto de Control San Carlos dejará de operar y será reemplazado por un nuevo complejo integrado, que funcionará en territorio mendocino y tendrá gestión y financiación compartida entre San Juan y Mendoza.

El nuevo centro de control busca optimizar el monitoreo en las rutas que vinculan a estas provincias, concentrando funciones y eliminando redundancias operativas. La infraestructura contemplará tecnología de última generación, unificación de bases de datos y la posibilidad de realizar controles coordinados sobre personas y vehículos. Se trata de una estrategia orientada a mejorar la capacidad de detección y respuesta frente a situaciones delictivas que exceden los límites administrativos de cada jurisdicción.

Entre los compromisos asumidos por las provincias involucradas figuran el desarrollo de las obras necesarias, la dotación de personal especializado, la implementación de sistemas de consulta automatizada y el financiamiento de los recursos materiales y logísticos que demande la puesta en marcha. También se contempla la participación de consorcios técnicos o logísticos, según la etapa del proyecto.

Uno de los ejes centrales es la interoperabilidad: las tres provincias acordaron la integración de sus registros de seguridad para permitir consultas cruzadas sobre pedidos de captura, vehículos sustraídos o antecedentes judiciales. Además, se trabajará en la conexión entre los sistemas de videovigilancia instalados en zonas de frontera interna, de manera que las alertas y registros puedan ser compartidos en tiempo real entre las fuerzas de seguridad de cada jurisdicción.

La finalidad del proyecto es reducir los tiempos de verificación, evitar superposición de controles, y facilitar un monitoreo más eficaz del tránsito interprovincial. También se busca prevenir delitos como el contrabando, el narcotráfico o la trata de personas, en contextos donde la movilidad entre provincias dificulta el abordaje individual.

Aunque el complejo estará emplazado en Mendoza, su operación será conjunta y el personal responderá a criterios de articulación definidos por los tres gobiernos. El plan prevé una implementación por etapas, con monitoreo constante de los resultados operativos y posibilidades de ajustes conforme avance su ejecución. Esta política interjurisdiccional se presenta como un modelo replicable en otras zonas del país donde la colaboración entre provincias es clave para el abordaje de la seguridad pública.