El IPV creó un "escuadrón" para recuperar casas deshabitadas o mal ocupadas en San Juan

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) viene desplegando un operativo silencioso pero constante en los barrios de San Juan. El objetivo es claro: detectar viviendas entregadas por el Estado que estén vacías, alquiladas o habitadas por personas que no figuran como adjudicatarias. A partir de esta tarea, la gestión actual busca recuperar esas casas para quienes están inscriptos en el padrón y aún esperan una solución habitacional.

La directora del organismo, Elina Peralta, explicó que se conformó un equipo que recorre distintos puntos de la provincia. “Nos estamos encontrando con muchos casos de viviendas desocupadas o utilizadas por personas que no son las adjudicatarias originales. Algunas están vacías desde hace tiempo, incluso en barrios que ya tienen varios años”, señaló.

La funcionaria detalló que esta situación se da tanto en complejos habitacionales nuevos como en barrios históricos. “Hay lugares donde llegamos a encontrar cinco o seis viviendas sin habitar, lo cual genera mucha preocupación, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de familias que nos expresan a diario su necesidad de acceder a una casa”, afirmó.

El IPV recuerda que una vivienda entregada debe ser habitada en un plazo razonable. En caso contrario –si se alquila, se presta o permanece vacía sin justificación–, se inicia un proceso para revocar la adjudicación. “No es un trámite fácil, porque se otorga a las familias la posibilidad de presentar descargos. Muchas veces eso deriva en instancias judiciales, incluso en la intervención de Fiscalía de Estado”, indicó Peralta, quien confirmó que ya se tramitan casos de este tipo.

Los operativos del IPV se realizan con personal identificado, que se traslada en vehículos oficiales y lleva credenciales visibles. Además de las inspecciones programadas, también se actúa ante denuncias de vecinos que advierten sobre situaciones irregulares.

Peralta comentó que uno de los desafíos que enfrentan es el desconocimiento de algunas personas sobre las condiciones del uso de la vivienda. “Hay quienes, por falta de información o buena fe, terminan en situaciones que no están contempladas en la normativa”, sostuvo. También mencionó casos de usurpaciones, que requieren otro tipo de intervención legal, aunque el organismo también las monitorea.

En paralelo al trabajo de control, el IPV acelera el ritmo de entrega de viviendas. “La necesidad es enorme: hoy tenemos cerca de 90 mil personas inscriptas. El año pasado entregamos mil casas y este año vamos camino a completar 1.412. Ya estamos proyectando más entregas para el año que viene”, anticipó la funcionaria.

Entre los barrios que se preparan para su entrega se encuentran El Puerto, en Calingasta, y El Jagual, en Pocito, vinculado a un proceso de erradicación. Según el plan oficial, el IPV prevé entregar al menos un barrio por mes hasta fin de año, en línea con el compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego.

“Cuando asumimos, nos encontramos con muchas obras paralizadas por falta de financiamiento nacional. Hubo que reorganizar todo para reactivarlas, tanto desde lo técnico como desde lo financiero”, explicó Peralta.

Mientras continúan las tareas en los distintos frentes de obra, el IPV insiste en la importancia de que cada vivienda adjudicada sea habitada de manera efectiva. “No podemos permitir que haya casas vacías cuando hay miles de familias esperando una oportunidad. Por eso este trabajo es tan importante”, cerró la funcionaria.