Informes sobre Uñac: Martín no descarta avanzar con denuncias penales

El gobierno de Marcelo Orrego subió la presión sobre la anterior administración provincial. Esta vez fue el vicegobernador Fabián Martín quien advirtió públicamente que, si los pedidos de informes legislativos impulsados por el oficialismo confirman hechos graves en la gestión de Sergio Uñac, se abrirá la puerta a posibles denuncias penales contra los responsables.

La declaración tuvo lugar en una entrevista radial, donde Martín afirmó que la actual gestión heredó una serie de situaciones críticas, entre ellas, la paralización del acueducto Gran Tulum. En ese caso, explicó, se detectó que los caños instalados originalmente no superaron las pruebas de resistencia, por lo que debieron ser retirados y reemplazados por otros más aptos para una obra de semejante escala hidráulica.

“No estaban hechos con termofusión, como corresponde, sino con electrofusión. Se compraron cañerías por un valor estimado de 50 millones de dólares que no funcionaron y hubo que cambiarlas”, explicó Martín, quien también remarcó que se investiga un posible exceso en la cantidad adquirida.

Otro de los puntos que generó preocupación en el Ejecutivo fue la adquisición de medicamentos durante la gestión anterior en el Ministerio de Desarrollo Humano. El vicegobernador señaló que hubo advertencias internas sobre sobreprecios que no fueron tenidas en cuenta, y que los funcionarios de entonces mantuvieron la misma modalidad de compra y proveedor a pesar de las alertas. Según explicó, quien estaba al frente del área de Farmacia habría elevado advertencias formales, sin obtener respuestas ni cambios en el circuito de compras.

En total, son cuatro los pedidos de informes que se están impulsando en la Cámara de Diputados. Aunque aún deben ser dictaminados en comisión, Martín se mostró confiado en que obtendrán respaldo mayoritario. “Contamos con 12 de los 36 legisladores, pero en otros temas logramos acuerdos con bloques que comparten nuestro interés en esclarecer estas situaciones”, explicó.

La posibilidad de que estos pedidos desemboquen en acciones penales no fue descartada. “Si hay pruebas que respalden estas sospechas, se va a actuar en consecuencia”, sostuvo el vicegobernador. Y agregó: “Si hay responsables, podrían ser el exgobernador o sus ministros. Nadie está exento”.

Desde el oficialismo insisten en que el espíritu de la iniciativa es estrictamente institucional. “Queremos saber con qué nos encontramos al asumir, y eso exige información oficial”, remarcaron. Los informes reclaman documentación detallada sobre contrataciones, adjudicaciones, dictámenes técnicos, criterios legales y uso de fondos públicos entre 2020 y 2023, especialmente en salud y obras.