Otros bloques acompañarán al orreguismo en la investigación sobre Uñac

Luego de que el interbloque Cambia San Juan —conformado por Producción y Trabajo, Actuar, PRO y UCR— presentara en la última sesión cuatro pedidos de informe para revisar distintas áreas de la gestión del exgobernador Sergio Uñac, otros bloques comenzaron a expresar su disposición a acompañar la iniciativa. La propuesta oficialista apunta a indagar sobre temas sensibles como salud, desarrollo social, obra pública y contrataciones.

Desde el Frente Renovador, el diputado Franco Aranda manifestó su respaldo a toda acción que promueva la transparencia institucional. Aunque evitó pronunciarse directamente sobre el contenido de los pedidos presentados, señaló que este tipo de herramientas están contempladas en la normativa vigente y deben ser valoradas en ese marco. Su postura refleja una apertura hacia el control de los actos de gobierno, sin cerrar la puerta a posibles motivaciones políticas.

En el Bloquismo, Luis Rueda también dejó abierta la posibilidad de acompañar la iniciativa, aunque con cautela. “Todo lo que requiera clarificarse, bienvenido sea”, sostuvo. Sin embargo, advirtió que su bloque esperará acceder a toda la documentación antes de tomar una posición definitiva. La intención, aclaró, es analizar con detenimiento los fundamentos de los informes antes de emitir un juicio político.

Por su parte, desde el espacio libertario ADN-La Libertad Avanza, el legislador Fernando Patinella fue más enfático. Consideró que este proceso de revisión de la administración uñaquista representa “una oportunidad para participar con el objetivo de transparentar todo”, en línea con su historial de reclamos sobre el uso de fondos públicos durante los últimos meses.

Los pedidos de informe —cuyos autores son Juan de la Cruz Córdoba, María Rita Lascano, Marcela Quiroga, Alejandra Leonardo, Andrés Castro, Enzo Cornejo, Mónica González, Carlos Jaime, Rosana Luque, Gustavo Núñez, Daniel Ripoll y Gustavo Usín— buscan esclarecer, entre otros puntos, el financiamiento de medicamentos y programas en el Ministerio de Salud y de Familia, así como también detalles sobre la paralización del acueducto Gran Tulum. Se exige información sobre adjudicatarios, dictámenes legales, criterios de selección y documentación técnica y financiera.

Tal como lo expresó el diputado Gustavo Usín, el objetivo es revisar el manejo de los recursos públicos entre 2020 y 2023, en línea con el compromiso de auditoría que el gobernador Marcelo Orrego planteó desde su asunción. El oficialismo plantea que estas acciones apuntan a garantizar transparencia y rendición de cuentas, especialmente en áreas donde han quedado dudas sobre contrataciones a empresas sin antecedentes o con posibles vínculos políticos.