Se trata de Valentina Olguín, la influencer y cantante santiagueña acusada de utilizar los datos fiscales de cinco gobernadores para ingresar mercadería desde Estados Unidos.
Interés General
Sebastian Mestre
La Justicia Federal resolvió procesar a Valentina Olguín, la influencer y cantante santiagueña acusada de utilizar los datos fiscales de cinco gobernadores para ingresar mercadería desde Estados Unidos. Entre las víctimas del engaño se encuentra el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien presentó una denuncia penal contra la joven.
El fallo fue dictado por el juez federal José Manuel Díaz Vélez, quien además le impuso a Olguín un embargo de cinco millones de pesos. La joven continuará el proceso en libertad, pero quedó formalmente acusada por el delito de contrabando simulado, una figura penal que contempla penas de entre dos y ocho años de prisión.
El caso comenzó con una denuncia presentada por el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien recibió notificaciones por compras realizadas en una tienda de Miami, pese a no haberlas efectuado. A partir de esa presentación, la fiscalía a cargo de Agustín Chit inició una investigación que confirmó que Olguín había utilizado el número de documento, domicilio fiscal y otros datos personales del mandatario para gestionar las compras.
Pero la maniobra no se limitó a Tucumán: según información de la Dirección General de Aduanas, la influencer también utilizó los datos de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan).
Al declarar ante la Justicia, Olguín admitió haber usado identidades ajenas y explicó que lo hizo para sortear los límites de importaciones anuales permitidas por persona. “Necesitaba muchos CUITs para hacer pasar esa ropa, porque se pueden hacer cinco importaciones por año. Buscando en Google fue que se me ocurrió poner el de una persona pública”, declaró.
En su defensa, sostuvo que no estafó ni robó nada y que las marcas con las que trabaja como influencer –específicamente la firma Revolt– se hicieron cargo del pago de impuestos por las compras.
Su abogada, Claudia Paz, analiza ahora si apelará la resolución judicial. Días atrás, la defensora había adelantado que la intención de su clienta es solicitar una probation, con la que propondría reparar el daño mediante una donación económica al Hospital de Niños y disculpas públicas al gobernador Jaldo.
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